El Gobierno Nacional ha habilitado 2.479 cupos para mujeres cabeza de familia que enfrentan condenas por delitos cometidos en contextos de marginalidad. Estas mujeres podrán solicitar el cambio de prisión por servicios comunitarios, permitiéndoles atender a sus hijos y familias mientras cumplen con una pena sustitutiva.
Camilo Umaña Hernández, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, detalló que las beneficiarias deben tener condenas de hasta ocho años por delitos relacionados con estupefacientes o hurto, conforme a la Ley 2292 de Utilidad Pública. Esta normativa, la primera con enfoque de género en el país, permite que las condenas se cumplan a través de actividades de servicio comunitario que generan un impacto social positivo.
Actualmente, 73 internas ya están cumpliendo sus condenas mediante trabajo comunitario, y se han presentado 2.000 solicitudes a los jueces de ejecución, sin casos de reincidencia reportados hasta la fecha. El viceministro destacó el compromiso de Medellín y Bucaramanga con esta medida, así como el avance en Antioquia, donde 18 mujeres están ejecutando servicios de utilidad pública. La Ley de Utilidad Pública representa un enfoque restaurativo, orientado a la reintegración y dignificación de las mujeres beneficiarias.
