Por: Leidy María Arias
@LeidyAriasT
Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, una fecha que, lejos de ser una celebración vacía, nos invita a reflexionar sobre los avances conquistados, pero también sobre las profundas brechas que aún persisten en la lucha por la equidad de género. Si bien se han dado pasos significativos, la realidad nos muestra que las mujeres continúan enfrentando obstáculos en todos los ámbitos de la sociedad: desde la esfera laboral hasta la política, desde la distribución de los cuidados hasta la erradicación de las violencias.
Las brechas de género son una realidad tangible que impacta la vida de millones de mujeres en el mundo. En el ámbito laboral, por ejemplo, las mujeres siguen ganando menos que sus pares masculinos por el mismo trabajo, enfrentan mayores barreras para ascender a cargos de liderazgo y están subrepresentadas en sectores de alto impacto económico. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la brecha salarial de género a nivel global ronda el 20%, lo que significa que, en promedio, las mujeres trabajan «gratis», más de dos meses al año en comparación con los hombres. Lo anterior, se refleja con una brecha salarial en nuestro país, donde las mujeres ocupadas ganaron un 6.3% menos que los hombres (DANE, 17 de marzo de 2023). Puntualmente, la igualdad salarial se agrava aún más cuando aparece el rol de madre y la desigual distribución de las tareas de cuidado dentro de los hogares.

Pero la desigualdad no se limita al salario. En muchos países, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, una carga invisible que reduce sus oportunidades de desarrollo profesional y personal. La corresponsabilidad sigue siendo un desafío pendiente: es fundamental que la sociedad en su conjunto, incluyendo a las políticas públicas y al sector privado, impulse medidas concretas para distribuir equitativamente estas tareas.
En el terreno político, la participación de las mujeres sigue siendo limitada. Aunque se han implementado cuotas y mecanismos para promover su acceso a espacios de decisión, la paridad aún está lejos de ser una realidad. Las mujeres representan poco más del 26% de los parlamentos en el mundo, según datos de ONU Mujeres. Esto significa que las políticas públicas, que impactan directamente en la vida de las personas, siguen diseñándose en su mayoría sin la voz de quienes constituyen la mitad de la población.
Contar con más mujeres en cargos de dirección y de elección no solo es una cuestión de justicia, sino que también se ha demostrado que genera mejores resultados. Diversos estudios han evidenciado que las empresas con mayor presencia femenina en puestos de liderazgo son más rentables, más innovadoras y tienen una mejor gestión de riesgos. En la política, los países con mayor participación femenina en sus gobiernos han implementado políticas más inclusivas y sostenibles. Asegurar la representación de las mujeres en todos los niveles de decisión no es un favor, sino una necesidad para construir sociedades más justas y equitativas.
Sin embargo, ningún cambio estructural será suficiente si no garantizamos un derecho fundamental: una vida libre de violencias. La violencia de género sigue siendo una de las problemáticas más urgentes y devastadoras. Cada día, miles de mujeres y niñas son víctimas de feminicidios, agresiones sexuales, acoso y violencia psicológica. La impunidad y la falta de respuestas contundentes por parte de los Estados agravan la situación, dejando a muchas mujeres en un estado de vulnerabilidad permanente.
El cambio no puede recaer exclusivamente en las víctimas ni en las organizaciones que han luchado incansablemente por sus derechos. Es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad: gobiernos, empresas, instituciones educativas y ciudadanos. Necesitamos leyes más robustas, presupuestos adecuados para su implementación y, sobre todo, un cambio cultural profundo que elimine los estereotipos de género y fomente relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
Entonces, ¿qué podemos hacer para cerrar estas brechas? La respuesta es variada y requiere del compromiso de todas y todos. En primer lugar, es fundamental continuar promoviendo políticas de equidad salarial y de acceso igualitario a oportunidades laborales. Esto incluye la creación de sistemas de licencia parental equitativa lo que se refiere a las políticas que permiten que los padres compartan la licencia de maternidad y paternidad, el fomento de espacios laborales libres de discriminación y la implementación de programas de educación y formación para mujeres en sectores donde históricamente han estado subrepresentadas.
En el ámbito político, es crucial fortalecer los mecanismos de participación de las mujeres, no solo mediante cuotas, sino también con medidas que reduzcan la violencia política de género y faciliten su acceso a campañas electorales en igualdad de condiciones. Asimismo, debemos seguir impulsando la educación con perspectiva de género desde las primeras etapas, para que las nuevas generaciones crezcan con una visión más equitativa y libre de estereotipos.
Finalmente, erradicar la violencia de género exige un compromiso firme de las instituciones y de la sociedad. No basta con condenar los hechos de violencia cuando ocurren; debemos trabajar activamente en su prevención, en la protección de las víctimas y en la aplicación efectiva de la justicia.
Este 8 de marzo, no basta con palabras o con gestos simbólicos. La lucha por la igualdad requiere acción, compromiso y voluntad política. Es momento de transformar las estructuras que perpetúan la desigualdad y de construir una sociedad donde las mujeres puedan vivir y desarrollarse plenamente. Porque la equidad de género no es solo una meta a alcanzar; es la base de un futuro más justo para todas y todos.