Por: Juan Andrés Valencia
En un acto de reconocimiento oficial, llevado a cabo en el Centro de Convenciones de El Carmen de Viboral, el pasado 8 de octubre, el presidente Gustavo Petro asumió la responsabilidad del Estado colombiano por los crímenes cometidos en la vereda La Esperanza de este municipio.
Entre junio y diciembre de 1996, la comunidad fue escenario de una serie de violaciones a los derechos humanos, en las que al menos quince personas fueron desaparecidas forzosamente y otra fue ejecutada, según los registros. Las acciones fueron perpetradas por las Autodefensas del Magdalena Medio (ACMM), un grupo paramilitar liderado por Ramón Isaza, conocido como «El Viejo».
Las víctimas incluyeron a adultos mayores, campesinos y tres menores de edad. Las incursiones paramilitares se llevaron a cabo con la acusación de que la población colaboraba con el Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla que operaba en la región. Esta justificación formó parte de una estrategia paramilitar más amplia que, en los años noventa, buscaba consolidar el control territorial en zonas rurales con el propósito de combatir la insurgencia y establecer el dominio en áreas estratégicas.
La región del Oriente Antioqueño, y en particular la vereda La Esperanza, presentaban un interés estratégico por su cercanía a la autopista Medellín-Bogotá, una vía fundamental para la conectividad y el transporte en la zona. Esta importancia geográfica convirtió a La Esperanza en un objetivo militar tanto para grupos insurgentes como para los paramilitares. Las operaciones de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, en ese contexto, se orientaron a desalojar a la población civil que, según sus acusaciones, facilitaba las acciones de la guerrilla.
La incursión en La Esperanza no se limitó a un solo hecho violento, sino que se llevó a cabo en varias ocasiones entre junio y diciembre de 1996. Durante esos meses, el grupo paramilitar realizó asesinatos y desapariciones forzadas, lo que generó un desplazamiento masivo de la población. Las cifras exactas de víctimas siguen siendo inciertas, ya que muchas familias que abandonaron la región no denunciaron oficialmente los crímenes. El impacto de estas acciones en la comunidad incluyó no sólo la pérdida de vidas, sino también el daño social y económico derivado de la desintegración familiar y el abandono de tierras.
Una de las primeras personas en denunciar los hechos fue el personero de El Carmen de Viboral, Helí Gómez, quien presentó denuncias sobre la participación de miembros del Ejército Nacional en las acciones paramilitares. Gómez señaló que las Autodefensas contaron con el apoyo de la Fuerza de Tarea Águila, una unidad militar creada con el objetivo de recuperar el control sobre la autopista Medellín-Bogotá. Las denuncias del personero indicaban que esta colaboración entre agentes del Estado y grupos armados ilegales facilitó la entrada de los paramilitares en la vereda. Poco después de realizar estas denuncias, Gómez fue asesinado en noviembre de ese mismo año, lo que aumentó el temor en la comunidad y limitó aún más las posibilidades de denunciar.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una sentencia emitida en 2017, declaró al Estado colombiano responsable por los crímenes en La Esperanza. La Corte determinó que las acciones fueron posibles gracias a la tolerancia y la cooperación por parte de miembros de la fuerza pública. Como parte de la sentencia, se ordenaron medidas de reparación que incluían investigar los hechos, determinar el paradero de las personas desaparecidas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, erigir un monumento en memoria de las víctimas, y proporcionar atención psicológica, médica y económica a los familiares y sobrevivientes.
Desde la emisión de la sentencia, han pasado siete años sin que el Estado cumpliera de manera efectiva con estas disposiciones. La ausencia de resultados concretos en la búsqueda de las personas desaparecidas y la falta de implementación de las medidas de reparación han sido señaladas por organizaciones de derechos humanos, como un reflejo de los desafíos que persisten en Colombia para garantizar la justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad en El Carmen de Viboral, el presidente Gustavo Petro, se dirigió a la comunidad y a los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos en la vereda La Esperanza, entre junio y diciembre de 1996. En su discurso, el mandatario enfatizó la importancia del perdón y la necesidad de asumir la responsabilidad del Estado en estos hechos. “Perdón a los niños, mujeres y madres de los campesinos asesinados y desaparecidos en la vereda ‘La Esperanza’”, afirmó Petro, señalando el sufrimiento de las familias afectadas por la violencia paramilitar.
El presidente también subrayó que este acto de reconocimiento es un paso hacia la justicia y la reparación. “Es el Estado el responsable de la muerte, desaparición y los hechos contra la integridad y la libertad de las personas en la vereda La Esperanza”, declaró, haciendo eco de las demandas de justicia que han persistido durante más de dos décadas. Esta declaración resalta el compromiso del gobierno de confrontar un pasado, marcado por la complicidad entre sectores de la fuerza pública y grupos paramilitares.
Además, Petro hizo un llamado a la memoria y al reconocimiento del dolor de las víctimas. “La memoria es un componente esencial para la reconciliación y el entendimiento del pasado del país”, manifestó, enfatizando la importancia de recordar a aquellos que han sufrido en silencio. Esta reflexión sobre la memoria es crucial en el proceso de sanación de una comunidad que ha enfrentado el estigma de la violencia y la impunidad. En relación con la responsabilidad del Estado, el presidente señaló que “los crímenes se habrían cometido con el apoyo y la aquiescencia prestados por agentes de la fuerza pública”.
Finalmente, Petro concluyó su intervención con un fuerte compromiso hacia el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “La verdad y la justicia son fundamentales para avanzar como nación”, expresó, reafirmando el papel del Estado en garantizar que las familias afectadas reciban el reconocimiento y la reparación que merecen.
