La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia el 31 de agosto de 2017, en la que declaró responsable al Estado colombiano por la desaparición forzada de 12 personas y la privación arbitraria de la vida de una más, hechos ocurridos entre junio y diciembre de 1996 en la vereda La Esperanza, en El Carmen de Viboral, Antioquia.
Según la sentencia, estos crímenes fueron facilitados por la colaboración entre miembros de la fuerza pública y el grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM). La Corte determinó que dicha cooperación permitió incursiones violentas en la zona, lo que resultó en las desapariciones y la ejecución. Además, el tribunal encontró que el Estado vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, al no investigar adecuadamente los hechos.
El Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad, admitiendo fallas en la prevención de los delitos y la falta de protección a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, no aceptó haber colaborado directamente con los paramilitares.
La Corte también atribuyó al Estado la violación de los derechos a la integridad personal de los familiares de las víctimas y la destrucción de propiedades durante las incursiones paramilitares. Añadió que los procesos judiciales en curso han sido ineficaces y no han logrado esclarecer los hechos ni castigar a los responsables.