Por: Erney Montoya Gallego*
La iniciativa de consulta popular para la creación del área metropolitana del valle de San Nicolás trae de nuevo la necesidad de generar una discusión territorial acerca de la conveniencia, pertinencia y oportunidad de este esquema de asociatividad para la subregión. Aunque los impulsores de dicha iniciativa afirman tener razones de carácter técnico, ¿estas son contundentes en cuanto a los hechos que demandan tal esquema? ¿Son conocidas por quienes podrían, mediante la consulta popular, tomar la decisión de aprobar la creación del área metropolitana? ¿Son claras esas razones para los ciudadanos?
Más que razones técnicas, lo que se observa son intereses políticos, que siempre traen por debajo intereses de grupos económicos. ¿Lo que se busca es favorecer los intereses económicos de unos cuantos? ¿Están invisibilizando o menospreciando otras alternativas de asociatividad? ¿Están verdaderamente interesados en que esta decisión sea el resultado de un proceso amplio, informado y participativo?
Preguntas como esta surgen cuando, en lugar de claridad, la iniciativa está cubierta por las sombras que proyectan mandatarios y ciertos sectores políticos (y económicos) que hablan de asociatividad, pero que históricamente no han demostrado una verdadera voluntad política de unirse para construir un territorio del Oriente Antioqueño afirmado en sus memorias e identidades, que proyecte la construcción del futuro a partir de los imaginarios de sus gentes.
Necesario recordar, por ejemplo, que la Ley 1625 de 2013 o régimen de áreas metropolitanas resultó de un proyecto de ley elaborado por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y la Tertulia La Glorieta. ¿Es una ley creada a imagen y semejanza de los intereses de un gremio económico y empresarial? Una sombra por develar.
Inicialmente esta ley establecía como requisito que en la consulta popular debía votar el 25 por ciento de los ciudadanos, esto es, una cuarta parte del potencial electoral de los municipios involucrados. Al presentar la primera iniciativa de área metropolitana del Oriente Antioqueño lograron que el Congreso aprobara la reducción a solo el 5 por ciento. ¿Mejor una cantidad pequeña y manejable que facilite el logro de su propósito? Una sombra más.
Importante también que la ciudadanía conozca todos los esquemas de asociatividad que existen. Sí, porque no solo está la posibilidad del área metropolitana. La Ley 1454 de 2011 o ley orgánica de ordenamiento territorial establece 9 esquemas de asociatividad, varios de los cuales son aplicables al Oriente Antioqueño. ¿Hay un interés específico en negar otros esquemas? Puras sombras.
Debe saber la ciudadanía, por ejemplo, que los ocho alcaldes que promueven la creación del área metropolitana ya están asociados en Masora, una asociación de municipios, que es otro de los esquemas que establece la ley. Si la asociatividad es tan importante como quieren hacer ver, ¿por qué no han demostrado una voluntad política y administrativa clara y contundente para utilizar los instrumentos que permite este esquema? ¿Cuántos convenios o proyectos-plan para resolver problemas comunes entre dos o más municipios han ejecutado? Salir abrazados en fotos de periódicos y redes sociales no es suficiente.
De repente aparecen con el discurso de la asociatividad, como si fuera algo nuevo. Y de pronto resulta que el área metropolitana es el esquema ideal, el que resolverá los problemas causados por los intereses voraces de los mismos agentes políticos y económicos que promueven esta iniciativa. Muy propio de estos sectores pretender que la causa de los problemas sea a la vez la solución: resolver los problemas ocasionados por el crecimiento urbanístico por medio de un esquema que promueva el crecimiento urbanístico. Porque eso es lo que hace un área metropolitana. Además que, por las normas que establece, es una figura que promueve la recentralización del poder.
Se ratifica así que no es un asunto técnico sino político. Quieren imponer un discurso dominante, de élites, que invisibiliza el ideario de territorio construido social, política e históricamente por los sujetos sociopolíticos y culturales que han habitado, vivido -y sufrido- el territorio. Un discurso que oscurece los deseos de los sujetos históricos del territorio.
Hay quienes editorializan que oponerse al área metropolitana es oponerse a la asociatividad. Qué argumento tan pobre, que lo único que logra es demostrar lo oscuro que es este discurso dominante, que invisibiliza las otras alternativas de asociatividad y hace creer que hay solo una solución. Los gobiernos, corporaciones edilicias, instituciones y medios de información deberían, más bien, ilustrar a sus gobernados, electores, públicos y lectores acerca de los diferentes esquemas de asociatividad, sus características, normas, beneficios y posibilidades. Inclusive, hacer ver que ya existe en la subregión una asociación de municipios. Pero ¿se han preguntado en qué la han convertido o para qué la están utilizando?
Otros opinan que es en las urnas en donde se definirá la aprobación o no de la creación del área metropolitana. Pero ¿con qué criterio o con qué conocimientos asistirán los ciudadanos a la consulta popular, si no se les actualiza ni se les ilustra acerca de qué es la asociatividad, qué esquemas establece la ley orgánica de ordenamiento territorial y qué propone cada una de ellas? ¿Dónde queda aquello del voto consciente e informado? ¿Dónde se han realizado cátedras sobre asociatividad y sus esquemas? ¿Será que la estrategia es que la gente vote «por lo que diga Fulano»?
El Oriente Antioqueño no puede caer nuevamente en el error de dejarse imponer un modelo de planeación tecnocrático, en el que las decisiones queden en pocas manos de élites políticas y económicas que decidan por todos. No se puede reducir la política ni la planeación territorial a decisiones técnicas. La política y la proyección territorial siempre implican valores, interacciones, identidades, culturas, deseos, aspiraciones, formas de interpretar y de entender la construcción colectiva de un territorio.
* Docente universitario
