La Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia documentos sobre presuntas irregularidades en contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías), en las que estarían involucrados 28 congresistas en ejercicio. Según Infobae, este escándalo podría superar en magnitud al de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con La FM, la solicitud fue presentada por María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema y líder del Grupo de Tareas Especiales que coordina el macroproceso por corrupción en la Ungrd. La compulsa de copias ya fue enviada a la Secretaría de la Sala de Instrucción de la Corte, presidida por el magistrado César Reyes, quien deberá asignar el caso a un magistrado ponente para adelantar las indagaciones preliminares.
El testimonio clave en esta investigación es el de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien mencionó a varios congresistas de distintas bancadas durante su declaración ante las autoridades. Según La FM, entre los señalados están Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Ramiro Carrillo, Daniel Restrepo, Wadith Peinado, Juan Diego Muñoz, Wilmer Castellano, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wilder Iberson Escobar, Milena Jaraba, Sandra Aristizábal, Kellyn Johana González, Yamil Arana, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y Willmer Yesid Guerrero.
Además, el medio señaló que en la lista figuran los senadores Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Alfredo Gnecco, Liliana Bitar y Karina Espinosa. La Corte Suprema deberá evaluar si hay méritos suficientes para abrir una investigación formal en su contra.
Posible testimonio clave y negociaciones con la Fiscalía
Blu Radio informó que Benavides estaría en conversaciones con la Fiscalía para negociar un preacuerdo en el que buscaría inmunidad judicial a cambio de su colaboración con la justicia. Según el medio, la exasesora podría admitir varios delitos a cambio de convertirse en testigo clave en el caso.
De confirmarse las acusaciones, este escándalo podría tener un impacto político significativo, dada la cantidad de congresistas implicados. Blu Radio señaló que la Fiscalía, a través del Grupo de Tareas Especiales, ha concentrado esfuerzos en desentrañar redes de corrupción en instituciones públicas y que el desenlace del caso dependerá de las pruebas que logren recopilarse y de las decisiones que tome la Corte Suprema.
Congresistas señalados se pronuncian
Al conocerse la compulsa de copias, algunos de los congresistas mencionados emitieron comunicados negando cualquier implicación en el caso.
Katherine Miranda aseguró que no tiene “ninguna relación con ninguna obra, ni me he reunido con funcionarios del gobierno para gestionar recursos. No he visitado municipios ni alcaldes con el propósito de agenciar proyectos”. También afirmó que su inclusión en la lista responde a “intereses políticos ajenos a la verdad, con el propósito de desinformar y afectar mi imagen pública”.
Por su parte el legislador oriental, Elkin Ospina declaró que su actuación como congresista ha sido “transparente y apegada a la ley” y que sus gestiones han estado enfocadas en impulsar proyectos para Antioquia y el Oriente Antioqueño dentro del marco legal. Añadió que siempre acudirá a los llamados de la justicia para aclarar cualquier señalamiento en su contra.
La Corte Suprema deberá definir los próximos pasos en este proceso y determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía ameritan la apertura de una investigación formal contra los congresistas mencionados.
