Desde el año 2017, una amenaza de intervención minera ha prendido las alarmas en San Vicente Ferrer, poniendo en peligro los usos de la tierra, el agua y la conservación de la biodiversidad, entre otros que expresa un derecho de petición que remitió el Concejo Municipal de San Vicente a la Agencia Nacional de Minería, el pasado mes de agosto.
La problemática empezó a surgir desde la expedición misma del Código Nacional de Minas, a través de la Ley 685 de 2001, el cual expresa en su artículo 37 que es exclusividad del Gobierno Nacional, por medio de sus entidades, definir cuáles son las zonas excluibles de minería en todo el territorio nacional. Por lo tanto, desde el año 2012 y 2013, este código nacional ha venido recibiendo demandas que, según contó Esneyder Castrillón, concejal de San Vicente a La Prensa, «consistían en que, si el Estado es unitario, es decir, tiene la subsidiaridad, la concurrencia y la coordinación como principios básicos, y es autónomo en sus territorios, yo no puedo venir a imponer proyectos mineros en un territorio solo porque son de interés nacional. Es desconocer que ese territorio donde se van a hacer esos proyectos, también tiene autonomía y hacen parte de esa nación, país o Estado«.
Ante esto, la Corte Suprema de Justicia declaró al Gobierno Nacional concertar con los municipios, el ente territorial o delegados, estos proyectos, que, en el caso de Antioquia, están a cargo de la Secretaría de Minas.
A pesar de que a partir del año 2013, esta situación empezó a generar inquietud debido a varias solicitudes para titulación minera que recibió el municipio de San Vicente Ferrer, de las cuales diferentes autoridades tuvieron conocimiento, según Esneyder Castrillón, nadie hizo caso en su momento.
«En el año 2017 vino la Secretaría de Minas de Antioquia al concejo municipal, a decir que había cierta cantidad de solicitudes mineras para el territorio de San Vicente, y que era necesario que los concejales dieran un visto nuevo para que se pudiera firmar un acta de concertación entre San Vicente y la Secretaría de Minas para que pudiera estudiar las solicitudes que hay en el municipio, mirar cuáles cumplen y así dar los títulos para la explotación de oro, pero en su momento los concejales le dijeron a esta dependencia que con ellos no contaban, que podían volver después de aprobar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial PBOT«, manifestó el Esneyder Castrillón.
Pero según dicen líderes de la localidad, en septiembre del mismo año, el alcalde municipal Roberto de Jesús Jaramillo Marín y el director de Titulación Minera de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, Mauricio Gómez Flórez, acompañado de la profesional universitaria Katherine Hernández Cortabarria desconociendo el concepto del concejo municipal, firmaron un acta de concertación con la Secretaría de Minas, el cual decía que el 100 % del municipio era susceptible para explotación de oro y para entrega de títulos. Además, desconocía la aprobación del acuerdo municipal 008 de 2017 que adoptó la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT-, que restringía en la totalidad del municipio la explotación de materiales preciosos, pues solo era permitido en algunas zonas para los elementos de construcción como piedras, gravas y arenas.
Dicen además que esta actitud de la administración municipal, solo se conoció hasta el año 2018, cuando se pretendía hacer una audiencia pública con los entes involucrados y la comunidad afectada como terceros intervinientes, quienes a pesar de enterarse pocos días antes de la audiencia, lograron una movilización masiva, manifestando su rechazo a la minería en el municipio; sin embargo, 12 horas antes, la Secretaría de Minas suspendió el encuentro, con el argumento de que no tenían conocimiento de que existía un PBOT actualizado. En tal sentido se pregunta la comunidad ¿por qué manifestaban no saber cuándo es la gobernación quien hizo en su momento el respectivo control de legalidad al acuerdo municipal de 2017, el cual fue realizado sin observación alguna?
Asamblea Popular Sanvicentina
A raíz de lo ocurrido, nació la Asamblea Popular Sanvicentina, una instancia de participación ciudadana que le pidió al concejo municipal solicitara a la Secretaría de Minas la nulidad del acta de concertación -la respuesta de la entidad departamental fue desestimada-, por lo que la asamblea popular le pidió al alcalde demandarla unilateralmente, siendo este trámite aceptado por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En la actualidad la Agencia Nacional de Minería se encuentra como un tercer interviniente de esta solicitud que podría tardar varios años.
Asimismo, esta asamblea ha realizado otras actividades, como una firmatón, donde se recogieron más de 3 mil firmas de personas en contra de la minería en San Vicente. También se motivó la construcción de un sistema local de áreas protegidas, aprobada por el acuerdo municipal 015 de diciembre de 2019, entre otras acciones.
A nivel nacional las solicitudes para explotación minera se hicieron por medio de una plataforma en el que se encuentran cruzados los mapas del sistema nacional de áreas protegidas, de los regionales y departamentales y de algunos instrumentos de ordenamiento territorial que permite que alguna persona o particular tenga conocimiento sobre si el suelo de su interés se encuentra liberado o no.: líderes de San Vicente Ferrer
Sin embargo, según el concejal Castrillón, el municipio de San Vicente no tiene ningún instrumento incluido en esa plataforma, por lo tanto, cualquier particular o empresa puede hacer solicitud sobre el territorio. «Nosotros lo que queríamos era preguntarle a la Agencia Nacional de Minería, a través de la Secretaría de Minas de Antioquia, ¿cuál era la ruta para que en el municipio se pueda tener en cuenta el PBOT que restringe la totalidad del territorio y la explotación de materiales preciosos?, ¿cuál es la ruta para incluirlo en esa plataforma de Catastro Nacional Minero, de manera que cuando se hagan solicitudes queden bloqueadas para que nuestro territorio no siga siendo tan requerido?«
Aunque la Secretaría de Minas tardó en realizar dicho derecho de petición, luego de muchas presiones lo elaboraron, pero no de la manera que la comunidad lo había planteado, pues la entidad le manifestó a la Agencia Nacional de Minería que los alcaldes estaban concertando pedazos del territorio y según la fuente, no fue así.
«En 2019, el caso estuvo ahí, infortunadamente por el tema electoral la asamblea no se movió mucho, pero ahora a partir de enero de 2020, desde el concejo municipal varios de los que hacemos parte de la Asamblea Popular Sanvicentina, impulsamos la creación de la Comisión Accidental por la Defensa del Territorio, con el fin de activarla y adelantar acciones jurídicas, técnicas y administrativas en relación a la defensa del territorio«, indicó Esneyder Castrillón.
Estado actual
Durante el mes de julio y agosto por iniciativa del Concejo Municipal de San Vicente y la Comisión por la Defensa del Territorio, se construyó un derecho de petición para la Agencia Nacional de Minería, tratando de reemplazar el que había realizado anteriormente la Secretaría de Minas. Este nuevo escrito además está respaldado por la totalidad de los Concejales de la localidad, el alcalde municipal Yimi Giraldo Marín y su gabinete, al igual que representantes de la entidad supramunicipal Provincia del Agua, los Bosques y el Turismo y la Asociación de Concejos del Oriente, -Acora-. Copia de este documento fue remitido a la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia y a la corporación ambiental Cornare.
«Este derecho de petición hace un recorrido por toda la historia de la problemática en San Vicente, hace señalamientos jurídicos de contexto, de entender los reclamos de la gente, y por último, hace unas preguntas a la Agencia Nacional de Minería, entre las que están: qué entienden por autoridades locales, en el sentido de que primero le preguntaron al concejo y dijo que no y después fueron donde el alcalde que dijo que sí de espaldas a la comunidad, entonces se quiere saber quién es la autoridad, o qué entienden ellos por autoridades locales«, agregó el concejal Esneyder Castrillón, quien junto a sus compañeros, buscan también entender cuál es el papel del concejo municipal en esa concertación.
El pasado 29 de agosto se reactivó la Asamblea Popular Sanvicentina, y los dos comités que la conforman: el pedagógico y el técnico jurídico. Por su parte, Rolando Albeiro Castaño Vergara, también concejal de San Vicente, manifestó a La Prensa que el 5 de agosto se adelantaron además de las actividades mencionadas, una reunión con los presidentes de los acueductos veredales, a través de la asociación que agrupa los 14 acueductos, en la que se definieron acciones concretas para la defensa en especial de las microcuencas que abastecen dichos acueductos.
Asimismo, el 9 de septiembre se realizó la instalación del Comité Directivo del Sistema Local de Áreas Protegidas del municipio de San Vicente Ferrer, en el cual se articulan instituciones como Cornare, Alcaldía, Concejo, Sector Educativo, Asocomunal, colectivos, entre otros. Con estas acciones, organizaciones sociales y líderes, están haciendo frente a lo que sería un irremediable daño ambiental en este municipio de Altiplano, y a la complicidad de la administración pública local y departamental que no defendió en su momento los derechos de sus habitantes cuando se pretendió imponer un aval que fue firmado a espaldas de los sanvicentinos.
Líder de San Vicente Ferrer
Carlos Mauricio Ceballos Rivera, líder comunitario de San Vicente Ferrer, habló con La Prensa sobre su posición con respecto a las amenazas por actividades de intervención minera en el municipio. Ante esto manifestó su inconformidad, pues según él, sería una situación preocupante en torno al tema de recursos naturales, la explotación minera, el enriquecimiento desmedido de particulares, la devastación de la flora y la fauna, la contaminación, y el deterioro del recurso hídrico.
«En relación al impacto social, no solo implica el cambio de vocación económica de nuestros nativos y agricultores, pues de alguna manera estas actividades de intervención del suelo y del uso de sustancias químicas degradaría la fertilidad de nuestras tierras, pero adicional a eso, aparecerían algunas problemáticas sociales complementarias, que regularmente se relacionan con las prácticas mineras. Esto lo hemos visto en diversos territorios de la geografía nacional como el microtráfico, drogadicción, alcoholismo y prostitución«, expresó.
Finalmente, señaló este líder sanvicentino, que hasta el momento existen 24 solicitudes para contratos de concesión minera, 26 de ellas para la explotación de oro, plata, cobre, y otros materiales preciosos, y agregó que «la asamblea popular se reactivó nuevamente gracias a una iniciativa de la comisión accidental del concejo municipal, y por eso hoy nosotros como comunidad organizada de manera enfática le damos un rotundo no a la minería en San Vicente Ferrer«.
¿Qué dice la administración municipal 2020-2023?
Yimi Giraldo Marín fue elegido alcalde de San Vicente Ferrer el 27 de octubre de 2019, siempre ha manifestado abiertamente su desacuerdo con la imposición de los licenciamientos que no tienen en cuenta los conceptos del concejo municipal, el PBOT vigente y lo dicho por la comunidad organizada, que en diferentes instancias han manifestado el sentir de un pueblo que es contrario a intereses ajenos.
Según le dijo a La Prensa, “en San Vicente conformamos la asamblea popular que hace frente a la minería, acompañamos el proceso de grupos y colectivos y a su vez damos garantías para dar el debate, socializar y educar a la comunidad. Sobre lo que sería la decisión de otros actores en la región dijo, “también nos interesa el consenso con otros municipios, para mantener una postura que defienda el territorio y haga posible el diálogo y concertación social”.
Se suma lo expuesto en este artículo a lo visto en San Carlos, San Rafael, Cocorná, San Luis, entre otros, que han decido organizarse y reclamar a la dirigencia, a las autoridades ambientales y a sus mandatarios posturas más sensatas con la protección al medioambiente y menos proclives a intereses empresariales foráneos que poco o nada le aportan a las localidades.
¿Vocación minera en el municipio?
En mayo de 2018, el Abogado, Docente investigador y Especialista en Teorías, Métodos y Técnicas en Investigación Social, Héctor Mauricio Castaño Q. escribió en este medio:
“Lejos está el actual San Vicente del que fue en el siglo XVII, cuando las minas de vetas y aluvión atrajeron a sus primeros pobladores, pero acabado el auge minero la explotación en el territorio pasó a la agricultura, recordando que por años fue el fique, del cual se produce la cabuya, el producto insignia del municipio, alternado con productos como la papa y el frijol, y en los últimos años ha despuntado una notable producción de la fresa.
Hoy por hoy, en San Vicente se mantiene viva la cultura y tradición campesina, al igual que se aboga por la conservación de su patrimonio ambiental y su paisaje engalanado con exuberantes cortinas de agua y el vuelo de aves como el colibrí, el azulejo, golondrina, carpintero y el garrapatero.”
