Desde febrero del año 2017, el tema del edificio Altos del Lago, en Rionegro, ha generado controversia en la región, en el departamento e incluso, en el país.
La Prensa, habló con Cristian Sánchez, abogado de algunos propietarios de inmuebles del edificio Altos del Lago, ubicado en Rionegro, sobre lo sucedido con la construcción del edificio y el avance que ha tenido la problemática desde el año 2017 hasta la fecha.
“Para el 14 de febrero de 2017 se citó a una reunión en la Alcaldía Municipal por el anterior secretario de gobierno, Hugo Alberto Parra, donde asistieron Gestión del Riesgo y Hábitat, la constructora Soluciones Integrales en Construcciones Civiles S.A.S (SINCC), y los propietarios. A partir de ese momento nosotros empezamos a actuar porque se crea la calamidad, es decir, se emite un acto administrativo, en el cual para el 15 de febrero se tenía que desalojar un edificio porque estaba en riesgo de colapso”, relató.
En esta reunión la constructora se comprometió en pagarle un subsidio de un millón de pesos a las personas que se habían identificado según el censo del municipio por tres meses de arrendamiento, después de generada la calamidad. En este caso fueron diez propietarios. También, que se encargarían de la vigilancia del edificio, y que posteriormente después de que pasaran los tres meses, si la calamidad continuaba, el municipio entregaría un subsidio a estas personas.
Hasta el momento se han realizado dos estudios, uno efectuado por la Universidad Nacional, contratada por la administración municipal, que asegura que el edificio presenta fallas estructurales, y un segundo estudio realizado por la constructora y encargado a un docente de la Facultad de Minas de la misma universidad, que manifestó que el edificio no presenta dichas fallas y que solo requeriría de una repotenciación para dar solución a esta problemática.
Luego de la orden de evacuación, y después del estudio patológico estructural realizado por la Universidad Nacional, se constató que el edificio Altos del Lago no cumple con la normativa vigente de construcción. La universidad refirió que el edificio tiene serias fallas estructurales y que podría llegar a colisionar, y aunque no sugirió de manera directa la implosión del mismo, sí sugirieron un plan de repotenciación. Sin embargo, este plan de mejoramiento que presentó la constructora por medio de un ingeniero civil, que además es docente de la misma universidad que realizó el estudio, no aplicaba como medida de solución, pues sus cálculos no serían muy precisos.
“Por ejemplo, la fosa del ascensor del edificio no cumple con los diámetros, es más la parte de arriba se reduce y se atranca muchas veces, no tiene tampoco escaleras de emergencia. Este año, la inspección urbanística sancionó a la constructora por 147 millones de pesos por no cumplir con plan urbanístico. ¿Será que ya los pagaron? No creo”, expresó el abogado.
¿Qué dice la alcaldía?
Por su parte, Hernán Darío Álvarez, actual secretario de Gobierno de Rionegro, expresó que “el documento que la constructora presentó no toma en cuenta las fallas constructivas que tiene el edificio, sino los diseños iniciales que no se cumplieron. Además, esos cálculos tampoco cumplen con las normas de sismo resistencia”. El secretario agregó también que SINCC no ha dado respuesta a ninguno de los requisitos que le pidió la alcaldía. “Hasta ahora todo lo ha tenido que pagar la administración porque hay un problema de riesgo. Ya después miraremos los mecanismos para recuperar ese dinero”.
El estudio detectó también problemas de licenciamiento que ratificó el municipio cuando mandó a investigar y le abrió proceso disciplinario al anterior secretario de Planeación, que fue quien emitió la licencia de construcción, pues, al parecer, los planos que entregaron no correspondían. Primero se hizo una licencia para 11 pisos, luego para 15, y luego para 18. Por otro lado, la constructora nunca constituyó pólizas, captaba el dinero de manera directa por medio de una entidad financiera. “Pero ésta también vendía los apartamentos por fuera, de manera personal, incluso muchas veces vendió un apartamento por dos o tres veces, y recibían plata para el bolsillo y para el banco. Y el banco tampoco obligó a que se constituyera la fiducia para eso, porque no existía, ni había póliza”, manifestó el abogado Cristian Sánchez.
¿Qué esperan los propietarios?
Los propietarios afectados por la construcción del edificio están buscando, no solamente la indemnización, sino también, que se les reconozca de alguna manera el daño que la alcaldía debió prever, y de ahí en adelante que respondan los seguros y recuperar su patrimonio. La comunidad afectada pidió, además, un tercer estudio que será realizado por el Colegio Nacional de Ingeniería, el que se encuentra a la espera de ser entregado.
Por su parte, se anuncia una demanda administrativa donde pretenden vincular a las tres instituciones: la constructora SINNC, la administración municipal de Rionegro y entidad financiera, para que se haga una reparación y compensación por los daños y perjuicios que han sufrido los copropietarios: lucro cesante, daño emergente y perjuicios morales.
Finalmente, Edwin Ruiz, quien hace más de un año invirtió 140 millones de pesos en lo que sería su gran sueño, una casa propia, siente desconsuelo al ver que su inversión está en el limbo, “un desánimo al ver cómo llegan a hacer una construcción y sin más ni menos no cumplen las leyes mínimas de construcción y engañan a la comunidad”, expresó.
Este episodio, que afectó a 116 familias, cumplirá 2 años a la espera que la constructora, especialmente, cumpla con su responsabilidad en éste, que se convierte en elefante blanco de las construcciones en Rionegro.
