La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia y limítrofe con Venezuela, atraviesa una grave crisis humanitaria como resultado de los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La Gobernación de Norte de Santander reportó al menos 80 personas muertas, decenas de secuestrados y miles de desplazados.
El presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz con el ELN tras acusar a esta guerrilla de perpetrar crímenes de guerra. «Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo; no tiene voluntad de paz», declaró el mandatario en X (antes Twitter) el pasado viernes.
La Defensoría del Pueblo confirmó que entre las víctimas figuran siete firmantes del acuerdo de paz de 2016. Además, advirtió que líderes sociales, niños y familias desplazadas están en alto riesgo debido a las acciones de los grupos armados. «Muchas personas enfrentan amenazas directas por los señalamientos del ELN», indicó la entidad en un comunicado.
El conflicto escaló el 15 de enero, cuando una familia fue asesinada en la vía entre Tibú y Cúcuta. El empleado funerario Miguel Ángel López, su esposa y su hijo menor de edad fueron atacados por un grupo armado. Aunque el ELN negó su participación, este hecho marcó el inicio de intensos combates en la región.
«Hay una situación crítica en el Catatumbo», expresó el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo. «El rompimiento de la alianza entre el ELN y las disidencias de las FARC ha generado un impacto significativo en la población civil y ha intensificado la disputa territorial», agregó.
En respuesta a la crisis, el gobierno movilizó tropas a la región. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo. La zona, caracterizada por su geografía montañosa y su importancia en el tráfico de cocaína, ha sido durante años un foco de economías ilícitas y violencia armada.
El proyecto de «paz total» impulsado por Gustavo Petro enfrenta un desafío significativo. Aunque los diálogos con el ELN están suspendidos, el gobierno ha evitado declarar una ruptura definitiva. «No hemos cerrado todas las puertas», comentó un alto funcionario del Ministerio del Interior, indicando que podrían retomarse las negociaciones en el futuro.
Mientras tanto, las comunidades del Catatumbo continúan soportando las consecuencias del conflicto. La escasez de alimentos, los desplazamientos masivos y el temor constante definen el día a día de miles de personas. El gobierno estudia decretar un estado de conmoción interior para enfrentar la crisis, medida que otorgaría facultades extraordinarias al Ejecutivo.
