Una actuación especial de fiscalización revisó 31 entidades de municipios antioqueños y encontró situaciones relacionadas con recursos públicos, obligaciones tributarias, constitución empresarial y manejo financiero.
La Contraloría General de Antioquia realizó actuaciones especiales de fiscalización en 31 Empresas de Desarrollo Urbano y Empresas Industriales y Comerciales del Estado de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. El proceso identificó posibles irregularidades en 13 entidades, con hallazgos de presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal y un posible detrimento patrimonial superior a $15.983 millones.
En el Oriente antioqueño, el informe identifica posibles irregularidades en las empresas de desarrollo de El Peñol, San Rafael, La Unión y San Carlos. Entre las situaciones señaladas aparecen el incumplimiento de obligaciones tributarias, la falta de transferencia oportuna de recursos provenientes de estampillas y otras obligaciones, además de situaciones relacionadas con la administración de recursos públicos.
Uno de los aspectos revisados corresponde a la creación de estas entidades. La Contraloría señaló que diez de las 31 empresas auditadas aparentemente fueron constituidas sin acreditar plenamente estudios que demostraran su viabilidad técnica, financiera, presupuestal y fiscal, ni la conveniencia de su creación. En este grupo aparecen, según el informe, las empresas de El Peñol y San Rafael.
Otro componente estuvo relacionado con el cumplimiento de obligaciones tributarias y la transferencia de recursos recaudados mediante estampillas. El informe de la Contraloría señala que 22 entidades presentaron incumplimientos en estos aspectos, identificando situaciones particulares en las empresas de desarrollo de El Peñol, San Rafael y La Unión. En San Carlos, además, se reportó un posible detrimento superior a $27 millones relacionado con el no traslado oportuno de recursos a favor de terceros.
La actuación también produjo resultados en materia de recuperación y normalización de recursos. Quince de las entidades auditadas realizaron pagos y transferencias correspondientes a obligaciones tributarias, fiscales y financieras pendientes, por un valor de 7 mil millones 373 mil pesos. Entre los casos del Oriente mencionados están la Empresa Autónoma de El Peñol, con más de $353 millones; la Empresa de Desarrollo Sostenible de La Unión, con cerca de $17 millones, y la Empresa de Desarrollo de San Carlos, con más de $177 millones.
El contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, señaló que la vigilancia sobre estas entidades requiere atención tanto de los alcaldes como de los organismos de control. “Vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos, a través de empresas de desarrollo urbano o figuras jurídicas parecidas, exige el mayor rigor y cuidado”, expresó.
En entrevista con este medio, Herrera había señalado que, en los casos en que no se acreditaron los requisitos legales para la creación de las Empresas de Desarrollo Urbano, podría solicitarse ante la jurisdicción administrativa la anulación de los actos administrativos mediante los cuales fueron creadas.
Los resultados corresponden a actuaciones de fiscalización y utilizan expresiones como posibles irregularidades, presuntas incidencias y posible detrimento patrimonial, por lo que los hallazgos no equivalen, por sí mismos, a responsabilidades definitivas. Según se aclaró, el proceso contempla las actuaciones correspondientes de acuerdo con la naturaleza de cada situación encontrada.
