El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, respondió a la solicitud presentada por líderes del Valle de San Nicolás ante la Registraduría Nacional, en la que exigen suspender la consulta popular programada para decidir sobre la creación del Área Metropolitana en esta subregión.
Consulte la solicitud que se realizó a la Registraduría de la Nación aquí: https://www.laprensaoriente.info/actualidad/solicitan-suspender-consulta-del-area-metropolitana-en-el-valle-de-san-nicolas/
Prieto Soto calificó la consulta como un mecanismo legítimo y necesario, respaldado por la Constitución y la Ley 1625, que establece las condiciones para la creación de áreas metropolitanas en territorios con alta dinámica de urbanización. Según el funcionario, este proceso no solo cumple con los requisitos legales, sino que también refleja un interés colectivo por promover un desarrollo ordenado y sostenible.
“La consulta es un derecho ciudadano. Estamos siguiendo la ruta que marca la Constitución y la ley. Los alcaldes de los municipios involucrados y el gobernador solicitaron este ejercicio democrático para que sea la gente quien decida sobre el futuro del Valle de San Nicolás”, afirmó Prieto.
El director explicó que, además de solicitar la consulta popular, se presentaron documentos técnicos a las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara de Representantes, buscando garantizar la validez y el respaldo institucional del proceso. Indicó que el trabajo con las comisiones ha incluido reuniones en territorio, con el objetivo de abordar de manera integral las particularidades del Valle de San Nicolás y del Urabá, donde también se evalúa la creación de otra área metropolitana.
Prieto Soto insistió en que la consulta forma parte de un enfoque estratégico del plan de desarrollo «Antioquia Firme», que promueve la autonomía territorial y la asociatividad como herramientas para enfrentar los retos del crecimiento urbano.
“Este proceso busca integrar a los territorios de manera eficiente, fortaleciendo su planificación y mejorando la calidad de vida de los habitantes. La consulta no es solo una obligación legal, es una oportunidad para que la ciudadanía participe y decida”, subrayó el director.
Una disputa abierta
La solicitud de suspensión de la consulta por parte de los opositores ha generado un amplio debate en la región. Quienes se oponen argumentan que el proceso carece de claridad sobre los impactos económicos, sociales y administrativos que implicaría la creación del Área Metropolitana. Por su parte, Prieto Soto destacó que la consulta no compromete la implementación inmediata de la figura, sino que abre la puerta para que las comunidades decidan informadamente.
“Entendemos las inquietudes, pero nuestra responsabilidad es garantizar que los ciudadanos tengan acceso a toda la información necesaria y sean ellos quienes definan el camino del Valle de San Nicolás”, puntualizó Prieto.
La Registraduría Nacional deberá evaluar la petición de suspensión presentada por los líderes opositores, mientras que el Departamento Administrativo de Planeación asegura que continuará trabajando para cumplir con los plazos establecidos y garantizar que la consulta se realice entre marzo y mayo de 2025, como está programado.
El debate deja en evidencia tensiones entre los promotores y opositores del proyecto, reflejando la necesidad de un mayor diálogo y claridad sobre los beneficios y desafíos que supondría la creación de un Área Metropolitana en el Valle de San Nicolás.
