La Contraloría General de Antioquia reveló los resultados de una serie de Actuaciones Especiales de Fiscalización realizadas a 31 Empresas de Desarrollo Urbano (EDU) y Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, en las que identificó posibles irregularidades que comprometerían recursos públicos por más de $15.983 millones.
El ejercicio de control permitió evidenciar presuntos hallazgos con incidencia disciplinaria, fiscal y penal en 13 entidades, además de la recuperación y normalización de recursos por más de $7.373 millones, producto de acciones correctivas adelantadas por las empresas auditadas durante el proceso de fiscalización.
Según el ente de control, las auditorías se realizaron en entidades ubicadas en los municipios de Chigorodó, Dabeiba, Giraldo, Murindó, Necoclí, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Donmatías, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Ituango, San Carlos y Andes, donde los equipos técnicos identificaron presuntas deficiencias relacionadas con el traslado extemporáneo de recursos públicos, incumplimientos en obligaciones tributarias, debilidades en el manejo financiero y otras situaciones que podrían derivar en procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria e incluso penal.
Uno de los aspectos que más llamó la atención del organismo de control fue que diez de las 31 empresas auditadas habrían sido constituidas sin demostrar plenamente su viabilidad técnica, financiera, presupuestal y fiscal, requisito exigido por la normatividad para la creación de este tipo de entidades.
El informe también señala que 22 empresas presentaban incumplimientos en el pago de obligaciones tributarias y en la transferencia oportuna de recursos provenientes de estampillas, situaciones que, según la Contraloría, representan riesgos para la sostenibilidad financiera de estas organizaciones y para la adecuada protección del patrimonio público.
Como resultado de la intervención del ente de control, 15 entidades lograron normalizar sus obligaciones tributarias, fiscales y financieras, permitiendo recuperar y regularizar recursos por un valor de $7.373.337.160, fortaleciendo así las finanzas públicas de los municipios involucrados.
Las conclusiones del informe plantean la necesidad de fortalecer los procesos de creación, funcionamiento y vigilancia de las Empresas de Desarrollo Urbano, promoviendo una gestión sustentada en la legalidad, la transparencia, la sostenibilidad financiera y la eficiencia administrativa.
«Vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos, a través de empresas de desarrollo urbano o figuras jurídicas parecidas, exige el mayor rigor y cuidado por parte, no solo de los alcaldes, sino especialmente de los órganos de control. Estamos, con estas actuaciones, cuidando la plata de los antioqueños y antioqueñas», expresó el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro.
La Contraloría anunció que continuará fortaleciendo las labores de vigilancia fiscal en el departamento, con un enfoque preventivo y cercano a los territorios, buscando garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión institucional.
