En el marco del mes de rendición de cuentas, el gerente de Catastro de Antioquia, Yeison Miranda, compartió a La Prensa Oriente los avances más significativos de la gestión catastral departamental, un proceso que, según destacó, se enmarca en las directrices trazadas por el gobernador Andrés Julián Rendón y busca consolidar el catastro como herramienta estratégica para la planificación territorial y la autonomía fiscal de los municipios.
Uno de los anuncios más relevantes fue la puesta en funcionamiento del visor geográfico GeoAntioquia, una plataforma digital que permite a los ciudadanos consultar información predial de los municipios bajo gestión catastral de la Gobernación. El sistema ofrece acceso mediante la ficha catastral o la matrícula inmobiliaria, desde cualquier lugar del país o del exterior, y permite registrar observaciones que son evaluadas por la Gerencia de Catastro.
Actualmente, la Gobernación tiene a su cargo la gestión catastral de 113 municipios, en su mayoría rurales, que concentran cerca de 1.150.000 predios y 1.560.000 propietarios, sumando alrededor de 102 millones de metros cuadrados construidos y más de 116 millones de registros prediales, datos que ahora están disponibles para la ciudadanía y los equipos de planeación territorial.
Miranda explicó que al inicio de este gobierno solo el 14 % del territorio estaba actualizado, mientras que el 86 % presentaba rezago. A partir de este diagnóstico, se implementó un proceso que permitirá alcanzar un 64 % del territorio actualizado, complementado con ajustes automáticos de avalúo amparados en la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo. Con esta estrategia se proyecta una cobertura total del 100 % de los predios con gestión catastral, beneficiando a más de 360.000 predios adicionales.
El gerente enfatizó que el catastro no equivale al cobro del impuesto predial, sino que constituye la base técnica para que las secretarías de hacienda municipales liquiden el tributo. En ese marco, la Gobernación adelanta un acompañamiento a 88 municipios, en articulación con la Universidad EAFIT, para mejorar los procesos de liquidación del impuesto predial y evitar distorsiones en su aplicación.
Durante la sesión de control político de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, realizada en Rionegro, Miranda destacó que uno de los principales problemas asociados al catastro es la forma como se liquida el impuesto predial. Señaló que, aunque la ley permite limitar los incrementos tras una actualización catastral, estos topes no siempre se aplican, generando rechazo social. Por ello, hizo un llamado a revisar normas como la Ley 1995 y la Ley 44, con el fin de avanzar hacia estatutos tributarios municipales progresivos.
Entre los casos expuestos, destacó inequidades derivadas del rezago catastral: predios registrados como rurales que, en la práctica, corresponden a parcelaciones o desarrollos comerciales, y que tributaban montos mínimos. Este desajuste, dijo, genera mayor carga relativa para pequeños propietarios y campesinos. Por ley 56 que compensa los predios inundados por las empresas de servicios públicos, EPM paso de tributarle a Guatapé 1.400 millones a 9.600 millones, es decir, 8.200 más para la inversión en el territorio. Para 2024–2025 se proyecta la incorporación de más de 121.000 nuevos predios y 188.000 propietarios, con un incremento estimado del avalúo departamental de 85 billones de pesos.
Los avances catastrales también se han vinculado a la gestión ambiental. Miranda destacó el acompañamiento al lanzamiento del Observatorio Ambiental de Cornare, donde se evidenció la articulación entre catastro y gestión ambiental. Gracias a un convenio interinstitucional, la Gerencia de Catastro entrega cartografía actualizada —ortofotos, modelos digitales de terreno y cartografía vectorial urbana y rural—, fortaleciendo la planificación territorial y la gestión ambiental.
Finalmente, la Gerencia de Catastro señaló que estos logros son parte del proyecto de autonomía territorial y fiscal incluido en el Plan de Desarrollo Departamental, consolidando un catastro multipropósito que integra formación, actualización, conservación y difusión de la información, con impacto directo en la planificación, la gestión ambiental y la sostenibilidad fiscal de los municipios de Antioquia.
