Este 21 de octubre, comenzó en el Bajo Cauca antioqueño una nueva movilización masiva de mineros, que reúne a alrededor de 30 mil personas. Los manifestantes buscan que el gobierno nacional escuche su pliego de peticiones, que incluye reclamos por la destrucción de maquinaria en operativos de la fuerza pública y por las recientes medidas ambientales que, según ellos, afectan la minería en la región.
La protesta, organizada por diversas asociaciones mineras como Conalminercol, tiene como objetivo exigir soluciones a las problemáticas que enfrentan los mineros no formalizados, quienes consideran que las políticas actuales han limitado su actividad. «La criminalización de la minería y la destrucción de maquinaria afectan gravemente a quienes trabajamos en este sector», declaró Conalminercol en entrevista con Revista Semana, destacando que el gobierno debe reconocer la contribución de la minería a la economía local y a la transición energética.
Uno de los puntos centrales de la movilización es la suspensión de la destrucción de maquinaria amarilla en los operativos contra la minería ilegal, una solicitud que ha sido planteada al Ministerio de Defensa. Liseth Osorio Martínez, presidenta del Comité Por la Vida y la Formalización Minera, explicó a El Colombiano que la falta de avances en la formalización ha profundizado el descontento. «El año pasado se acordó liberar áreas para formalizar a los mineros, pero hasta la fecha no hemos recibido información clara sobre cuántas áreas están disponibles ni los requisitos para acceder a ellas», indicó Osorio.
Las concentraciones se han desarrollado en municipios clave como Caucasia, Valdivia y Porce. Se espera que estas se mantengan de manera pacífica, según indicaron los líderes de la protesta, quienes hicieron un llamado a evitar la infiltración de grupos armados, como ocurrió en las movilizaciones de 2023. «Pedimos a las organizaciones delincuenciales que no intervengan en esta protesta, ya que su propósito es netamente social y pacífico», señaló Osorio a El Colombiano.
Ante la magnitud de las protestas, las autoridades locales han implementado medidas de seguridad. En Caucasia, la Alcaldía decretó ley seca y restringió el transporte de materiales peligrosos, así como la venta de pólvora y el porte de armas. Además, la Policía Nacional y el Ejército han desplegado operativos para garantizar el orden público y proteger tanto a los manifestantes como a la población civil.
El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, subrayó en declaraciones a medios locales que la situación es de resorte nacional. «Este es un tema que compete al gobierno central. Antioquia ya no tiene la delegación minera, y las demandas que se están exigiendo solo pueden ser resueltas por el nivel central», señaló Martínez, quien también pidió a los manifestantes que mantengan una actitud pacífica.
Las movilizaciones continuarán hasta que el gobierno nacional brinde respuestas concretas a las demandas de los mineros, quienes insisten en la necesidad de un proceso de formalización más inclusivo y la revisión de las medidas que afectan su actividad.
