Por: Carlos Humberto Gómez C.
El calendario político no se detiene. Mientras el país entra en una nueva dinámica electoral, en los territorios el reloj marca otra cuenta regresiva, la de las administraciones que llegaron a su tercer año de gobierno, ese punto en el que las promesas deben convertirse en obras, la planeación en ejecución y los anuncios en resultados verificables. Como en el calendario, donde solo quedará una Semana Santa para marcar el paso del tiempo, la gestión pública entra en un momento decisivo en el que ya no hay espacio para aplazamientos.
El tercer año no es un año más. Es el momento en el que se espera la materialización de proyectos, la consolidación de fuentes de financiación y la ejecución de las obras que fueron presentadas como prioridades de gobierno. Lo que no esté en marcha en este punto difícilmente alcanzará a ser realidad antes de terminar 2027, cuando el balance será inevitable y la evaluación ciudadana tendrá como base no los discursos, sino los hechos.
En ese escenario, la relación con el Gobierno nacional ha sido un factor determinante. Desde el inicio del mandato, el distanciamiento institucional marcó una ruta que hoy muestra sus efectos, baja interlocución, dificultades en la gestión conjunta y una inversión que no logra responder a las expectativas del territorio, en la tríada de otrora entre gobierno central, departamental y local. La comunicación limitada y el tono confrontacional no han contribuido a generar condiciones favorables para la articulación, especialmente cuando las decisiones de mayor impacto dependen de Bogotá.
Este panorama también ha evidenciado diferencias en la manera de relacionarse con el Gobierno nacional. Algunos han optado por mantener una postura de mayor moderación, buscando canales de diálogo que permitan avanzar en gestión y recursos. Otros han sostenido un tono más directo frente a las políticas nacionales, lo que ha derivado en una relación más distante, sin que hasta ahora la coyuntura electoral permita advertir cambios en esa dinámica.
A esto se suma un lenguaje desde el nivel central que, en distintos momentos, ha resultado excluyente frente a sectores que han expresado posturas críticas. Este tipo de señales incide en el debate público y en la construcción de acuerdos necesarios para avanzar en temas estructurales.
En paralelo, la crisis del sistema de salud sigue siendo una de las mayores preocupaciones. No es un problema reciente ni atribuible a un solo gobierno. Es el resultado acumulado de decisiones adoptadas durante décadas desde la implementación de la Ley 100 de 1993, cuyos efectos hoy se reflejan en barreras de acceso, demoras en la atención, la no entrega de medicamentos y tensiones financieras que impactan a usuarios, prestadores e instituciones.
En el ámbito regional, los pendientes continúan marcando la agenda. La ampliación del aeropuerto José María Córdova sigue sin una definición clara frente al plan maestro que orientará su desarrollo. El mejoramiento vial entre El Santuario y Caño Alegre permanece sin una respuesta concreta, lo que incide en la conectividad de la zona Bosques y el Magdalena Medio. En materia social y educativa, la denominada Universidad para la Paz continúa como un anuncio sin ejecución, recordado desde su presentación en época de campaña, pero sin avances que permitan su materialización.
Este contexto coincide con un escenario electoral que puede incidir en las decisiones futuras, pero también en la forma en que se gestionan los proyectos en curso. Mientras tanto, en las regiones la pregunta no es qué se prometió, sino qué se ha ejecutado. El tiempo de las explicaciones empieza a ceder frente al tiempo de los resultados.
El tercer año de gobierno no admite pausas. Es el momento de avanzar, incluso en medio de las diferencias, y de generar las condiciones para que los proyectos se concreten. Como en el calendario, donde hay celebraciones que no se repiten en el mismo año, en la gestión pública hay momentos que no vuelven: y este es uno de ellos.
