Por: Carlos Humberto Gómez* – X: @chgomezc
Han pasado 13 años desde que Marinilla vivió uno de los debates más intensos y determinantes de su historia reciente. Un fallo del Consejo de Estado, fechado el 11 de diciembre de 2025, permitió cerrar, por fin, un capítulo que mantuvo en vilo al municipio durante más de una década. La decisión no surgió de manera repentina ni resolvió un asunto menor: es el punto final de una larga cadena de decisiones judiciales y administrativas iniciadas cuando Marinilla tuvo que preguntarse qué tipo de desarrollo estaba dispuesta a aceptar y bajo qué reglas.
El denominado caso Nopco comenzó en 2011, cuando se otorgó una licencia de construcción para una planta de químicos de la empresa Nopco Colombiana S.A., ubicada en la vereda Belén. Desde ese momento surgieron inquietudes legítimas. Instituciones de socorro, concejales, cooperativas de vivienda y organizaciones sociales advirtieron que la localización de una industria química pesada en un sector con vocación residencial y de servicios generaba riesgos evidentes. A pocos metros se proyectaban viviendas de interés social y se desarrollaban actividades productivas consolidadas, lo que encendió alertas sobre seguridad, planeación y convivencia territorial.
Lejos de diluirse, esa preocupación se transformó en liderazgo ciudadano. Marinilla debatió, se movilizó y vigiló cada paso del proceso. No fue una reacción emocional ni un rechazo automático a la actividad empresarial, sino un ejercicio consciente de defensa del ordenamiento territorial y del derecho colectivo a decidir qué tipo de desarrollo es compatible con la vida urbana y comunitaria. La movilización social pasó a ocupar un lugar central en el debate público y marcó el rumbo de las decisiones posteriores.
En este escenario, la autoridad ambiental, Cornare, tuvo un papel determinante. Tras exigir licencia ambiental en 2011, realizar visitas técnicas y convocar una audiencia pública en 2012, la entidad negó en septiembre de ese año la licencia al proyecto. Los argumentos fueron contundentes: incompatibilidad de usos del suelo, estudios incompletos y un proceso de socialización deficiente. Aunque hubo cuestionamientos por la falta de control temprano, la decisión final dejó claro un principio fundamental: ninguna industria química puede operar sin licencia ambiental ni respaldo territorial.
Según lo expuesto en el fallo del Consejo de Estado, la actuación de la empresa agravó el conflicto. Durante la construcción, Nopco modificó el proyecto original, interviniendo 1.733 metros cuadrados por fuera de lo autorizado en la licencia. Posteriormente, intentó validar esas modificaciones mediante el silencio administrativo positivo, protocolizado en agosto de 2012, pese a que la obra había finalizado en mayo del mismo año. A esta estrategia se sumó una presión jurídica de gran escala, con demandas contra el municipio cuyas pretensiones oscilaron entre 15.000 y 25.000 millones de pesos, luego concretadas en una reclamación superior a 14.000 millones, cifras capaces de comprometer seriamente las finanzas locales.
El litigio avanzó por los estrados. El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la empresa y respaldó las sanciones urbanísticas impuestas por el municipio. Nopco apeló, prolongando una espera que alimentó temores, rumores y presiones políticas y económicas. Durante años, muchos se preguntaron si Marinilla tendría que asumir el costo de haberse opuesto a un proyecto que prometía inversión y empleo.
La respuesta llegó con la decisión definitiva del Consejo de Estado. El alto tribunal concluyó que la empresa actuó sin autorización válida, que las modificaciones se realizaron sin respaldo legal y que no era posible beneficiarse de un silencio administrativo posterior a los hechos. Con ello, se mantuvo la sanción urbanística, fijada en una multa económica, y se cerró un proceso que marcó profundamente la memoria colectiva del municipio.
La enseñanza que deja este caso va más allá de Nopco. El desarrollo económico y la generación de empleo son necesarios, pero no pueden imponerse por encima del ordenamiento territorial ni utilizarse como argumento para desconocer la norma. Marinilla sostuvo su posición con paciencia institucional y movilización ciudadana, sin recurrir a la violencia, apoyándose en argumentos técnicos, jurídicos y sociales.
El caso Nopco no es una historia contra la industria ni contra la inversión privada. Es un recordatorio para las generaciones actuales y futuras de que el desarrollo que ignora la norma y desconoce la voz de la comunidad termina siendo una imposición. Marinilla decidió defender su territorio y asumir el costo de esa decisión. Con el tiempo y con la justicia, quedó claro que ese camino tenía fundamento.
*Director Periódico La Prensa Oriente
