Por: Carlos Humberto Gómez
La tensión crece en las comunidades del Corregimiento José María Córdova, en Rionegro, debido al trazado propuesto para el proyecto de infraestructura «Variante Medellín». Esta iniciativa de la empresa CENIT, filial de Ecopetrol, está asociada al Sistema de Transporte de Hidrocarburos (STH) Poliducto Sebastopol – Medellín – Cartago y cuenta con la asistencia de la consultora Auditoría Ambiental S.A.S. El poliducto proyectado afectaría directamente a las veredas El Tablazo, Tablacito, Rancherías, Yarumal, Sajonia y Playa Rica.
El proyecto, se encuentra en la etapa inicial, desarrollando el denominado Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA). Según documentos de esta Empresa conocidos por La Prensa Oriente, esta es un requisito previo en el proceso de licenciamiento ambiental que debe ser evaluado finalmente por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y su trámite puede extenderse por más de dos años. El trámite de licencia, precisó Oladier Ramírez, Secretario General de CORNARE, debe darse ante la ANLA, una dependencia del orden nacional, por ser un proyecto de hidrocarburos y abarcar varios departamentos.
Ramírez mencionó que el proceso requiere agotar la fase del DAA, identificar la mejor alternativa con base en criterios sociales, ambientales y económicos, presentarla ante la ANLA, y solo con la alternativa acogida, la empresa procedería a elaborar el estudio de impacto ambiental y radicar el trámite definitivo ante la misma Autoridad. La información que tiene CORNARE, puntualizó Ramírez, es la misma que está siendo divulgada a la comunidad, ya que la entidad conoce lo que está recibiendo la ciudadanía.
De acuerdo con la información hasta ahora conocida por la comunidad, la alternativa que afectaría esta zona cubre 63 veredas y once municipios, incluyendo Rionegro, El Retiro, Guarne y San Vicente Ferrer y una extensión de 88.423 kilómetros. Los documentos de Cenit y Auditoría Ambiental S.A.S. justifican la selección de esta en razón de que la ruta presenta mayor estabilidad del terreno, lo que reduce la posibilidad de remociones en masa que sí existen en tramos de otras opciones. Se precisa que sus acuíferos son de baja productividad, haciendo el área menos susceptible a la contaminación. En el aspecto biótico, se indicó que presenta menor afectación e interferencia con coberturas vegetales, y una mejor conectividad. Además, prevé una menor afectación a predios, mínima interferencia con las actividades agropecuarias y a la movilidad local. De hecho, se indicó que la población total impactada se estima en 26.589 personas, siendo la menor de tres opciones analizadas.
A pesar de la justificación técnica de la empresa, en Rionegro las comunidades expresan un rechazo unánime, pues aseguran que atraviesa sectores de especial importancia hídrica y social. La comunidad expresa su descontento, mencionando que la elección cruzaría por predios considerados de protección hídrica, de jurisdicción de zona de reserva y de operación de los acueductos veredales.
Margarita Ortega García, Representante Legal de la Asociación Acueducto Tablacito, precisó que la obra intervendría «prácticamente la zona de recarga de acuíferos de los acueductos comunitarios de esta zona de Rionegro». Señaló que esto afectaría acueductos como el de ARSA, que surte al Aeropuerto José María Córdova, el acueducto El Progreso, Acuatablazo de la vereda El Tablazo, y Tablacito. La líder comunitaria también sostuvo que el proyecto impactaría los acueductos comunitarios que abastecen al Hospital San Vicente Fundación y a diversas veredas de Rionegro, San Vicente Ferrer y Guarne. Además, añadió que el trazado atravesaría la Reserva Forestal Protectora Nare, de carácter nacional, lo que requeriría autorización especial del Ministerio de Ambiente.
Miguel Martínez, Gerente y Representante Legal del Corporación Cívica Acueducto el Tablazo -Acuatablazo-, compartió esta preocupación, indicando que el proyecto plantea pasar por toda la zona de las microcuencas y los nacimientos que surten a sus acueductos. En el caso de El Tablazo, dijo Martínez, la ruta pasa por la parte alta de la Quebrada de El Estoraque y el Chaquiro, afectando las zonas de retiro y los nacimientos. Martínez también advirtió que la obra aumentaría los riesgos de seguridad en la zona. Añadió que este tipo de poliductos atrae delincuencia común y grupos que podrían intentar atacar las redes para sustraer hidrocarburos.
Los líderes locales insisten en que las decisiones deben tener en cuenta el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) y reiteran que su prioridad es la protección de las fuentes hídricas y ecosistemas que abastecen a miles de personas en la región.
Críticas al proceso de socialización y transparencia
Líderes comunales aseguran que la información entregada ha sido insuficiente y cuestionan el proceso de socialización adelantado por la empresa y su consultora. Los líderes comunitarios han criticado la forma en que se ha llevado a cabo el proceso, acusando a los contratistas de intentar manipularlo mediante la realización de pequeñas reuniones aisladas con poca participación, buscando simular una amplia participación ciudadana. En asambleas realizadas durante 2024 y 2025, los habitantes manifestaron que no han tenido un acceso real a la información. Precisan que las reuniones convocadas por Auditoría Ambiental S.A.S. se han hecho con baja convocatoria y horarios que consideran inadecuados, lo que, en su concepto, limita la participación.
Julio González Villa, asesor jurídico de la comunidad, manifestó que la firma Auditoría Ambiental S.A.S. no ha entregado ningún estudio de impacto ambiental ni el diagnóstico ambiental de alternativas, precisando que no ha habido una verdadera socialización. Detalló que en 2024, Auditoría Ambiental S.A.S. citó a una reunión el 6 de octubre en el Tablazo y Tablacito, un día de semana a las 6 de la tarde, con muy poca asistencia. Relató que se acordó una nueva cita para el 19 de octubre de 2024 a las 3 de la tarde, un sábado, para presentar el proyecto a toda la comunidad, pero los representantes de la Empresa no se presentaron, no expresaron excusas ni enviaron ningún escrito. Ante la ausencia, la comunidad elaboró un acta de rechazo, firmada por las personas presentes.
González Villa también se refirió a un nuevo proceso de socialización en 2025. Mencionó que el 3 de septiembre, en Sajonia -zona próxima al Aeropuerto José María Córdova-, solo asistieron 16 personas, un número que consideraron insuficiente para validar la socialización. En la reunión del 24 de septiembre de 2025 en El Tablazo, donde la asistencia fue masiva, la comunidad se opuso al proyecto por violar la participación ciudadana, ya que -según dicen- no entregaron previamente un documento que dé cuenta del avance de los estudios.
Martínez, gerente de Acuatablazo, aseguró que las socializaciones realizadas no cumplen con los requisitos legales y que las comunidades han dejado constancias escritas para evitar que se convalide el proceso. González Villa concluyó que la comunidad considera que el proceso adolece de legalidad e interpondrá las acciones correspondientes ante la ANLA y los jueces.
¿Qué dicen los líderes?
Según se informó a uno de los líderes comunitarios en las oficinas de CENIT en Medellín, la empresa habría confirmado que se optó por la Alternativa que se trazaría por predios de la zona occidental de Rionegro, lo que ha generado alarma. La comunidad enfatiza que la falta de información detallada de la intervención constituye un incumplimiento de los derechos de participación, recordando que el Acuerdo de Escazú garantiza la participación y la publicidad de los estudios técnicos y ambientales.
Santiago González, Presidente de la Junta de Acción Comunal de El Tablazo, confirmó que no hay acuerdo con el paso de ese proyecto por cuestiones de seguridad y ambientales. Afirmó que la información recibida ha sido parcial y que no se conocen informes técnicos completos. Precisó que la única posición definida de los residentes es el rechazo a la obra. González señaló que, aunque se sabe de comunicaciones indirectas con la Administración Municipal y la Autoridad Ambiental Cornare, los resultados del diálogo han sido nulos, ya que la interacción con las Empresas no ha permitido obtener mayor conocimiento sobre el proyecto.
Ante la falta de información oficial, la comunidad ha adoptado acciones como la creación de una Veeduría exclusiva para el proyecto. Según le dijeron a La Prensa Oriente, el primer paso de la Veeduría será enviar un derecho de petición para exigir la información detallada sobre la alternativa escogida y el proceso de participación ciudadana. Además, se solicitó a la Gobernación de Antioquia convocar a los municipios y comunidades del Oriente afectados, como Rionegro, San Vicente Ferrer, El Retiro y Guarne, y a CORNARE, para discutir las implicaciones del proyecto.
Este medio intentó, sin éxito, comunicarse con voceros de CENIT y de Auditoría Ambiental S.A.S. a través de dos números telefónicos que fueron suministrados en su material institucional y compartidos en algunas de las reuniones con la comunidad. Se mantiene abierto el espacio para conocer la versión de ambas empresas.
* Imagen de poliducto, referencia sólo para contexto – Foto: valoraanalitik.com
