Un debate en la Asamblea departamental expuso dificultades de vigilancia, regulación y prevención, mientras autoridades y actores locales plantearon medidas para reducir riesgos durante la navegación y prevenir nuevas tragedias.
Según las cifras presentadas en la duma departamental, en la última década 50 personas han perdido la vida por ahogamiento en el embalse. Durante el debate se relacionaron estos hechos con factores como la imprudencia, el consumo de alcohol y las dificultades de control en aguas abiertas.
Según se informó, el embalse tiene un espejo de agua de 18.384 hectáreas, de las cuales más de 6.400 son navegables, y registra más de 2.100 embarcaciones de diferentes tipos. También se dio cuenta de solo 372 embarcaciones autorizadas para transporte público de pasajeros, operadas por 61 empresas habilitadas.
Los datos de tránsito
A ese escenario se suma el movimiento turístico y vehicular. En los primeros ocho meses de 2026 ingresaron a Guatapé desde Marinilla 1,9 millones de vehículos, según las cifras presentadas durante el debate, con promedios diarios superiores a 8.000 vehículos y registros de entre 70 y 100 buses turísticos en determinados días laborales.
Las motos acuáticas también fueron objeto de preocupación. Durante la sesión se presentaron estadísticas según las cuales siete de cada diez siniestros fluviales en el embalse involucran jetskis. Las intervenciones además señalaron situaciones relacionadas con personas que alquilan estos vehículos sin licencia de navegación ni entrenamiento formal. El documento reseña que el Decreto 0998 del 6 de agosto de 2026 estableció exigencias para su operación, entre ellas la presencia de un motorista profesional.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la capacidad de vigilancia. El secretario de Gobierno de Guatapé, Carlos Hernán Espinosa, y la alcaldesa de El Peñol, Sandra Arelis Duque, expusieron que la Policía Multimodal Fluvial dispone de un solo uniformado profesional habilitado para patrullar la zona, mientras un segundo integrante corresponde a un auxiliar de policía que no puede pilotar la lancha patrullera ni realizar procedimientos autónomos.
Espinoza resumió la situación señalando que, cuando el funcionario profesional sale a su descanso quincenal durante un fin de semana, el embalse queda sin patrullaje profesional náutico.
Durante la discusión también fueron señaladas dificultades sobre las competencias institucionales relacionadas con muelles y operaciones. En la sesión se cuestionó la ausencia del inspector Fluvial del Ministerio de Transporte, Sergio Alexander Carmona, y se expusieron diferencias entre el Ministerio y el Invías sobre quién tiene la competencia para regular y administrar las aguas de los embalses.
Medidas adoptadas
Frente a estas dificultades, Guatapé ha desarrollado mecanismos tecnológicos para fortalecer el control. Entre ellos una cámara térmica y biospectral con alcance de dos kilómetros instalada en el Malecón San Juan del Puerto, así como un proyecto de cierre dinámico mediante 296 metros lineales de boyas y un sistema electrónico para registrar las salidas y entradas de las embarcaciones.
También se expusieron medidas desde el sector privado. Carolina Agudelo, gerenta del Embarcadero Único San Juan del Puerto SAS, señaló que 35 empresas participan en una infraestructura flotante de 780 metros lineales, con capacidad para 44 embarcaciones y un manual operativo que contempla el regreso inmediato al muelle cuando los pasajeros incumplen las condiciones de seguridad durante el recorrido.
Los temas pendientes
La discusión incorporó además preocupaciones ambientales y de ordenamiento. Representantes de EPM señalaron efectos relacionados con el tránsito de embarcaciones, los vertimientos y la ocupación de áreas de protección, y plantearon ante la Asamblea y la Gobernación la elaboración de una ordenanza departamental que permita adoptar un Plan de Ordenamiento del Embalse.
Al cierre de la jornada se propuso solicitar tres policías profesionales adicionales con licencia de motorista, una lancha rápida y una moto acuática, así como reactivar una mesa técnica interinstitucional con participación de autoridades locales, DAGRAN, EPM, organismos de socorro y representantes privados. También se planteó avanzar en el sistema tecnológico de control de zarpe en Guatapé y en las medidas para regular el uso de los embalses.
