El Oriente antioqueño discute una iniciativa que busca dar continuidad a la transformación vial que ha experimentado la región durante las últimas décadas. El proyecto Vías del Altiplano, actualmente en estudio por la Agencia Nacional de Infraestructura, se plantea como la siguiente fase para consolidar los corredores estratégicos que hacen parte de la concesión vigente a cargo de Devimed, responsable del mantenimiento y mejoramiento de tramos que no han requerido recursos del Gobierno Nacional gracias al uso de excedentes generados por los peajes.
Según explicó el gerente de Devimed, la propuesta completará una doble calzada entre el centro comercial San Diego en Medellín y el centro comercial San Nicolás en Rionegro. La iniciativa incluye varios intercambios a desnivel que buscan resolver los puntos de mayor congestión en las salidas y accesos hacia el aeropuerto José María Córdova y hacia el Valle de Aburrá, donde se registran los mayores problemas de movilidad. De acuerdo con los proponentes, las obras mejorarían la transitabilidad y aportarían soluciones para la seguridad vial, dos factores que han marcado la discusión pública sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura regional.
El proyecto también considera intervenciones en los tramos Sancho Paisa–Los Salados, Don Diego–Haras Santa Lucía, Los Salados–Don Diego y El Tablazo–glorieta del aeropuerto. Estas conexiones forman parte del sistema vial que articula el Oriente cercano y que ha soportado el crecimiento acelerado de la subregión. La iniciativa propone una inversión de 2,01 billones de pesos en construcción y 2,97 billones en operación y mantenimiento durante los 25 años de la concesión.
La financiación se estructuraría con recursos de los peajes de Guarne, Las Palmas y Cocorná, mientras que el peaje de Puerto Triunfo sería eliminado. La propuesta tarifaria incluye descuentos para los propietarios de predios cercanos, beneficios para el transporte público y reducciones del 20 % en horarios nocturnos para el transporte de carga. Según lo planteado, este esquema permitiría mantener la operación y sostenibilidad del corredor sin frenar las obras ni comprometer el avance vial de la región.
El componente social, -según se informó- destina el 0,5 % de los ingresos a proyectos productivos en las comunidades cercanas, un fondo del 3 % para infraestructura en los municipios del área de influencia y otro del 8 % para el Instituto Nacional de Vías. Entre las intervenciones propuestas está la reubicación de familias asentadas en Las Palmas–Don Diego mediante la construcción del “Barrio de la Madera” en El Retiro, orientado al fortalecimiento de actividades productivas locales.
El contexto regional ha dado peso a la idea de que sin vías no hay desarrollo y que conectar territorios es parte de las condiciones para garantizar equidad y movilidad entre centros poblados y municipios periféricos. Las obras ejecutadas bajo la actual concesión han mostrado avances sostenidos en la red vial del Oriente, mientras que la situación del tramo El Santuario–Caño Alegre, administrado por la Nación, registra rezagos y deterioro que afectan tanto la seguridad vial como la conectividad hacia el Magdalena Medio. La discusión sobre el futuro de la concesión incluye estos contrastes y la necesidad de asegurar que los corredores estratégicos no se detengan ni entren en condición de abandono.
Mientras la ANI adelanta los estudios de prefactibilidad, la propuesta se centra en la continuidad de un modelo que ha permitido mejorar la red vial regional y en la importancia de garantizar soluciones que respondan al aumento del tráfico, las congestiones en los accesos y las demandas de movilidad que acompañan el crecimiento del Oriente antioqueño. El reto inmediato está en el tiempo, pues el actual contrato con Devimed vence en 2026, lo que deja la pregunta abierta sobre cómo se administrará este corredor en el corto plazo.
