Rodrigo Hernández Alzate, gerente de Viva
Entre el crecimiento de los hogares y las dificultades para acceder a crédito, la vivienda sigue siendo un desafío en Antioquia y el Oriente. Viva impulsa alternativas para las familias en cumplimiento del Plan de desarrollo “Por Antioquia Firme” del Gobernador Andrés Julián Rendón. – Fotos Viva
La Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva, avanza en programas de vivienda nueva, mejoramientos habitacionales y legalización de predios en distintos municipios del departamento, en medio de un contexto marcado por las dificultades de acceso a vivienda y los cambios en la política nacional de subsidios.
Así lo expresó Rodrigo Hernández Alzate, gerente de Viva, durante una entrevista en el programa Protagonistas del canal Safari Televisión, en la que presentó el balance de la gestión desarrollada por la entidad y los proyectos que actualmente se ejecutan en Antioquia y el Oriente antioqueño.
Hernández señaló que Viva cumple 25 años de funcionamiento y que durante este tiempo ha acompañado a miles de familias mediante programas de vivienda nueva y mejoramientos habitacionales. Según indicó, la entidad trabaja en la reducción del déficit habitacional y en la generación de oportunidades para hogares de bajos ingresos.
Durante la conversación, recordó su experiencia en proyectos de vivienda desarrollados en Rionegro, municipio del que fue alcalde. Mencionó el caso del proyecto Villacamila, donde cerca de 800 familias habían depositado sus expectativas y que, según relató, enfrentó dificultades tras ser afectado por actuaciones irregulares de un constructor.
“Nosotros nos encargamos de devolver esa esperanza, rescatar ese proyecto”, expresó Hernández al referirse a ese proceso. También mencionó iniciativas como Jardín de Cimarronas, Senderos de Cimarronas y Valles de la Fortuna, ubicados en Rionegro.
Según señaló, la participación del Estado es necesaria para facilitar el acceso a vivienda mediante subsidios, gestión de suelo y mecanismos financieros. Indicó que sin estas herramientas resulta complejo para los hogares de menores ingresos acceder a vivienda propia.
El gerente de Viva recordó además que Rionegro recibió en años anteriores el Premio Nacional de Alta Gerencia por su política pública de vivienda. Explicó que esa experiencia permitió desarrollar nuevos modelos que hoy se implementan desde el departamento.
Uno de esos mecanismos es el modelo LUAS (Lote + Urbanismo + Ahorro + Subsidio), orientado a familias con ingresos entre uno y dos salarios mínimos. Hernández informó que actualmente se desarrolla en 30 municipios y proyecta cerca de 5.000 soluciones de vivienda, incluyendo localidades del Oriente antioqueño como Rionegro, San Francisco y San Luis.
Según explicó, el esquema funciona mediante aportes compartidos. Los municipios aportan el lote, la Gobernación de Antioquia financia el urbanismo, las familias realizan un ahorro voluntario y los municipios entregan subsidios complementarios. Este modelo también busca facilitar el acceso al crédito hipotecario para trabajadores independientes y personas que se desempeñan en la informalidad. “El ahorro voluntario nos garantiza el acceso al crédito hipotecario”, indicó Hernández durante la entrevista.
La política de vivienda departamental continúa avanzando mediante subsidios, mejoramientos habitacionales, legalización de predios y nuevos modelos de acceso a vivienda, con presencia en municipios del Oriente antioqueño y otras subregiones del departamento: Rodrigo Hernández, gerente de Viva.
El déficit habitacional
El directivo sostuvo que el déficit habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos del país. Citó cifras según las cuales cerca de 4,9 millones de colombianos presentan algún tipo de déficit habitacional, mientras aproximadamente 1,2 millones de hogares buscan acceder a vivienda propia. En ese contexto, afirmó que el sector enfrenta dificultades derivadas de cambios en las políticas nacionales de subsidios, el aumento de las tasas de interés y el incremento en los costos de construcción, “hoy vivimos una crisis totalmente grande en vivienda”, expresó al referirse a la situación actual del sector.
Frente a este escenario, señaló que la Gobernación de Antioquia implementó un esquema departamental de subsidios para vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Según informó, estos aportes permiten cubrir el 10 % del valor de una vivienda de interés social y el 20 % de una vivienda de interés prioritario.
Hernández también destacó la relación entre las entidades públicas y el sector constructor para estimular la oferta de vivienda. Indicó que la disminución de subsidios ha reducido el interés por desarrollar proyectos de vivienda social y prioritaria. “Lo que tiene que hacer el Estado es facilitarle el camino al sector privado para incentivar la oferta inmobiliaria”, señaló.
Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la disponibilidad de suelo para proyectos habitacionales. El gerente de Viva explicó que una de las primeras tareas emprendidas por la entidad en 2024 consistió en convocar a los municipios antioqueños para identificar predios aptos para vivienda.
Los lotes postulados debían cumplir cinco requisitos: no presentar amenaza de riesgo, ser de propiedad pública, ubicarse en suelo urbano, contar con disponibilidad inmediata de servicios públicos y tener vocación residencial.
De acuerdo con Hernández, 102 municipios presentaron terrenos, pero únicamente 30 cumplieron las condiciones requeridas. Con esos municipios se adelantan actualmente proyectos en el marco del modelo LUAS. El proceso también permitió brindar acompañamiento técnico a los municipios cuyos terrenos no cumplían las condiciones exigidas. Según indicó, algunos requerían ajustes en instrumentos de planificación o definición de usos del suelo, “este banco de tierras fue de asesoría técnica a los municipios”, expresó.
La conversación también abordó el trabajo relacionado con la legalización de predios. Hernández señaló que Viva desarrolla procesos de titulación para familias asentadas en predios públicos. Según indicó, estas acciones buscan entregar seguridad jurídica a hogares ubicados en distintas regiones del departamento, entre ellas Urabá, Bajo Cauca y algunos municipios del Valle de Aburrá, “no porque la gente tenga espíritu ilegal, sino porque quieren llevar a su familia a vivir seguros”, afirmó al referirse a las ocupaciones informales.
Mujeres cabeza de familia beneficiarias de la política pública
Otro componente de la política habitacional departamental está dirigido a las mujeres cabeza de hogar. Hernández señaló que más del 56 % de las postulaciones a subsidios de vivienda corresponden a mujeres. Además, mencionó programas de mejoramiento de vivienda dirigidos a mujeres ubicadas en zonas rurales dispersas, especialmente en intervenciones relacionadas con agua y alcantarillado.
Según informó, cerca de 23.200 familias en Antioquia serán beneficiadas con estos programas y las intervenciones comenzarán en municipios de las nueve subregiones del departamento.
Durante la entrevista destacó el papel que cumplen las mujeres en diferentes ámbitos sociales y económicos y señaló que los programas habitacionales buscan ampliar sus oportunidades de acceso a vivienda y mejoramiento de sus condiciones residenciales.
El Oriente antioqueño también ocupa un lugar dentro de la estrategia departamental. Hernández aseguró que los 23 municipios de la subregión han recibido apoyo de la Gobernación mediante programas de vivienda nueva o mejoramientos urbanos y rurales.
En el caso de Rionegro, recordó la reciente entrega de subsidios a 98 familias del proyecto Cerros de la Fortuna, recursos destinados a facilitar el cierre financiero de los hogares beneficiarios. Además, informó que actualmente se ejecutan 230 mejoramientos de vivienda en el municipio mediante recursos aportados por la Gobernación y la administración local.
El gerente de Viva destacó igualmente el papel del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, como mecanismo financiero para facilitar créditos a desarrolladores y constructores vinculados a proyectos habitacionales. Explicó que la ejecución de proyectos involucra diferentes entidades departamentales y mecanismos fiduciarios que buscan garantizar la adecuada administración de los recursos.
A pesar de los avances reportados, Hernández reconoció que el déficit habitacional continúa siendo un desafío para Antioquia. Indicó que alrededor de 137.000 familias aún no tienen vivienda propia o habitan en condiciones inadecuadas. También señaló que cerca de 434.000 familias requieren mejoramientos habitacionales y que la meta del actual gobierno es acercarse a las 100.000 soluciones en esta materia.
Según expresó, el crecimiento anual del número de hogares en el país hace necesario mantener políticas de vivienda de largo plazo que permitan responder a la demanda. La entrevista también abordó la gestión del riesgo en proyectos de vivienda. Hernández señaló que existen riesgos financieros asociados a proyectos mal estructurados o promovidos por personas que incumplen con los recursos entregados por las familias.
Por ello recomendó verificar quién desarrolla los proyectos y priorizar esquemas fiduciarios que garanticen la protección del dinero invertido. “Hay que evitar esos pícaros que aparecen recogiendo plata y luego se desaparecen”, señaló.
Advirtió además sobre personas que cobran dinero como supuestos intermediarios en trámites o formularios relacionados con vivienda. Junto al riesgo financiero, mencionó otros factores como la disponibilidad de servicios públicos y la aptitud del suelo para construir.
En este sentido, explicó que los proyectos impulsados por Viva deben contar con instrumentos de planificación que certifiquen la ausencia de amenazas y la disponibilidad inmediata de servicios públicos. “Ojo que una cosa es la factibilidad de los servicios públicos y otra la disponibilidad inmediata”, expresó durante la conversación.
Finalmente, Hernández resaltó la participación de las oficinas de planeación municipal y de las entidades encargadas de otorgar permisos para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos habitacionales.
