A partir del 7 de julio de 2024, Colombia comenzará a implementar la prohibición de plásticos de un solo uso, en cumplimiento de la Ley 2232 de 2022. La medida tiene como objetivo reducir la contaminación ambiental causada por estos materiales.
Cornare, la Corporación Autónoma Regional, ha instado a la ciudadanía a incorporar esta normatividad en sus rutinas diarias. Ocho productos de plástico de un solo uso serán retirados del mercado nacional. Entre estos productos se encuentran las bolsas plásticas para compras de frutas y verduras, que deberán ser reemplazadas por bolsas de malla o frutales reutilizables.
Los copitos de plástico también serán reemplazados por versiones biodegradables de bambú o papel. Las bolsas plásticas utilizadas para embalar periódicos, revistas, recibos y para lavandería dejarán de estar permitidas, sugiriéndose el uso de alternativas como las bolsas de tela.
Las bolsas plásticas entregadas en puestos de pago estarán prohibidas, y se fomentará el uso de bolsas reutilizables. Los mezcladores de plástico serán reemplazados por mezcladores de madera o cucharas, y los soportes de plástico para globos serán retirados del mercado, recomendando el uso de otras opciones decorativas.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales será la encargada de supervisar el cumplimiento de esta normativa.
La implementación de esta ley es un paso hacia la reducción de los más de un millón de toneladas de residuos plásticos no degradables que se producen anualmente en el país. La medida ha generado preocupación en el sector empresarial debido a la falta de alternativas suficientes, lo que podría afectar a las empresas y los trabajadores.
Se alienta a la ciudadanía a optar por alternativas reutilizables, como bolsas de tela y botellas de agua reutilizables. La sustitución de plásticos tradicionales por productos biodegradables o compostables es un paso crucial hacia un consumo más responsable.
La ley también busca fomentar la innovación en el desarrollo de materiales alternativos y tecnologías sostenibles. La colaboración activa de la sociedad civil es esencial para el éxito de esta normativa, que impactará tanto en áreas urbanas como rurales, influyendo en la gestión de residuos y el manejo de materiales en todo el país.
Expertos en medio ambiente han acogido la medida con optimismo, aunque con ciertas reservas sobre su ejecución. Destacan la importancia de una implementación efectiva y la evaluación de resultados a largo plazo.
En el contexto global, esta decisión se enmarca en la creciente preocupación por los efectos del cambio climático y la contaminación plástica en los océanos y ecosistemas.
