Especiales La Prensa Oriente
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La organización territorial en Colombia ha estado marcada por la búsqueda de mecanismos e instrumentos que permitan a los municipios y departamentos enfrentar retos comunes de manera conjunta.
Antes de la Constitución de 1991, la gestión territorial era predominantemente centralizada. En este modelo los municipios tenían un papel más limitado, enfocados principalmente en la prestación de servicios básicos, y su capacidad de acción dependía en gran medida de las decisiones del gobierno central.
Sin embargo, desde la década de 1980 ya se evidenciaban esfuerzos iniciales de articulación entre entidades. En el Oriente Antioqueño, por ejemplo, la creación de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE) representó un hito en la gestión integrada del territorio, particularmente en materia ambiental. De igual forma, las estrategias de “polos de desarrollo” impulsadas en distintas regiones del país buscaban dinamizar economías locales y fortalecer procesos de integración regional.
marcó un punto de inflexión en la organización del Estado colombiano y otorgó a los municipios un rol más activo y protagónico en la gestión de políticas públicas, en la planeación del desarrollo y en la posibilidad de asociarse para alcanzar metas comunes.
Uno de los hitos más relevantes posteriores fue la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011, LOOT), que reconoció oficialmente los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT) como instrumentos para planificar y gestionar el desarrollo de manera articulada. Esta norma consagró la asociatividad como un principio fundamental, promoviendo la creación de alianzas estratégicas voluntarias entre entidades territoriales. El objetivo: lograr un desarrollo autónomo, generar economías de escala y alcanzar objetivos comunes. Entre los esquemas contemplados se encuentran las Áreas Metropolitanas, Provincias Administrativas y de Planificación, Asociaciones de Municipios, Regiones de Planeación y Gestión (RPG) y Regiones Administrativas y de Planificación (RAP).
A lo largo del país, estos mecanismos han demostrado ser herramientas eficaces para coordinar políticas públicas, gestionar proyectos de gran escala y promover la integración regional.
Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Medellín y 9 municipios): creada en 1980, es hoy la más consolidada del país. Cumple funciones de autoridad de transporte y ambiental, y ha liderado proyectos de impacto metropolitano como el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (SITVA) y programas de sostenibilidad ambiental. Su experiencia demuestra que la unión de recursos municipales multiplica las capacidades de gestión: algunos municipios han recibido hasta diez veces más inversión en saneamiento básico e infraestructura de la que aportan.
Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO – Pereira, Dosquebradas y La Virginia): con más de 40 años de historia, es referente en la gestión de movilidad, transporte público y planificación regional. Su institucionalidad ha permitido coordinar proyectos de infraestructura que trascienden los límites municipales y fortalecer la competitividad del Eje Cafetero.
RAP-E Región Central (Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Huila): creada en 2014, es un modelo de cooperación interdepartamental. Sus ejes estratégicos se centran en sostenibilidad ecosistémica, competitividad económica y seguridad alimentaria. Ha logrado incluir proyectos regionales en los planes de desarrollo departamentales y consolidar una gobernanza multinivel.
Estos casos evidencian que la asociatividad territorial es un camino probado para enfrentar la urbanización acelerada, planificar con visión de largo plazo y generar economías de escala en beneficio de la ciudadanía.
En Colombia, la evolución de los EAT refleja una transición de un Estado centralista hacia un modelo más descentralizado, participativo y solidario, en el que los municipios fortalecen su autonomía al unirse para resolver problemas comunes.
Más allá de la normatividad, la experiencia muestra que los Esquemas Asociativos Territoriales, EAT impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos al aportar en múltiples dimensiones. Entre ellos, las Áreas Metropolitanas han demostrado ser la figura más consolidada y de mayor alcance en el país, al integrar planificación, servicios y gestión en territorios con fuerte interdependencia.
Planificación territorial y uso del suelo: permiten pasar de una visión municipal fragmentada a un enfoque integral y de largo plazo. Herramientas como el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) aseguran coherencia entre los POT municipales y regulan fenómenos como la expansión urbana y la especulación del suelo.
Movilidad y transporte: la conurbación y la aglomeración urbana plantean la necesidad de sistemas de transporte público integrados. La experiencia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con el SITVA, evidencia cómo estas figuras logran articular rutas, tarifas y servicios, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la calidad de la movilidad.
Gestión ambiental: problemas como el manejo de residuos, la gestión hídrica o la protección de ecosistemas requieren acción conjunta. Los EAT facilitan la coordinación con las autoridades ambientales, como CORNARE, e impulsan planes de biodiversidad, adaptación climática y gestión de riesgos.
Seguridad y convivencia: la delincuencia en zonas limítrofes muestra la necesidad de estrategias conjuntas. La creación de policías metropolitanas ha sido una de las soluciones para ampliar cobertura y efectividad en territorios conurbados.
Servicios públicos y vivienda: la asociatividad mejora la cobertura y eficiencia en agua potable, saneamiento, energía y aseo. A escala metropolitana se han implementado proyectos de vivienda que incluyen legalización de asentamientos y reubicación de familias en zonas de riesgo.
Desarrollo económico y competitividad: la integración territorial genera condiciones más atractivas para la inversión, fomenta empleo y dinamiza sectores estratégicos como el logístico, industrial y aeroportuario.
Fortalecimiento institucional y gobernanza: las Áreas Metropolitanas profesionalizan la gestión pública, promueven la concertación entre alcaldes, fortalecen la transparencia y fomentan la participación ciudadana informada
En conclusión, la evolución de los EAT en Colombia refleja una transición de un Estado centralista hacia un modelo más descentralizado, participativo y solidario. Y dentro de esa transición, las Áreas Metropolitanas han mostrado mayor capacidad técnica y financiera para enfrentar la urbanización acelerada y garantizar calidad de vida en regiones altamente interdependientes, como ocurre hoy en el Valle de San Nicolás.