La atención de la emergencia ocasionada por el terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto, marcó el inicio del gobierno del presidente Abelardo De la Espriella. El sismo dejó 335 muertos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos, además de daños en cientos de edificaciones de la zona suroccidental del país.
Tres días después de su posesión, el Ejecutivo concentró sus esfuerzos en atender a las comunidades afectadas. Para canalizar los recursos creó el Fondo Milagro, que reúne aportes del Gobierno, donaciones del sector privado y ayudas del exterior.
Según informó Miller Soto, vocero oficial de Presidencia, el fondo movilizaría cerca de un billón de pesos. Su financiación incluye un primer desembolso de 624.656 millones de pesos, procedentes de un crédito del Banco Mundial, además de recursos estatales para la atención inicial.
La administración reporta más de 332.000 millones de pesos destinados a intervenir 7.385 viviendas, 4.600 millones en incentivos para reactivar 920 pequeños comercios y más de 50.000 millones para demoler de manera segura estructuras con riesgo de colapso. Ministros y altos funcionarios se han desplazado a las regiones afectadas para evaluar los daños y atender a los damnificados.
Plan de choque contra la inseguridad
Otra de las primeras decisiones presidenciales fue suspender los mecanismos de la Paz Total establecidos por el gobierno anterior, cerrar las mesas de diálogo y reactivar las órdenes de captura contra cabecillas de grupos al margen de la ley. En reemplazo de ese esquema, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de sometimiento a la justicia, que ha avanzado en un primer debate en la Cámara de Representantes.
En las cárceles se han realizado traslados de personas privadas de la libertad para combatir la extorsión. El balance reportado registra 403 movimientos. También se autorizaron extradiciones de dirigentes vinculados a procesos de diálogo y se reactivaron los procedimientos hacia Estados Unidos.
En el ámbito internacional, Colombia volvió a ingresar al Escudo de las Américas, organismo multinacional orientado a combatir la delincuencia, especialmente el tráfico de drogas. Según el balance presentado, las fuerzas armadas de Estados Unidos y Colombia adelantan labores conjuntas.
Entre el 7 de agosto y el 29 de octubre se realizaron 812 deportaciones y expulsiones de extranjeros. De estos procedimientos, 462 correspondieron a razones de seguridad nacional, orden público o requerimientos de autoridades extranjeras e Interpol.
Generar confianza entre los inversionistas
El presidente encomendó al vicepresidente José Manuel Restrepo la búsqueda de recursos internacionales con intereses reducidos y la gestión de inversiones para atender la situación financiera heredada, impulsar la economía y generar empleo.
La Vicepresidencia reporta una cartera de 133 proyectos por un valor total de 120.324 millones de dólares, con la meta de impulsar el crecimiento económico en un 6 %. De ese conjunto, 86 iniciativas, por 56.799 millones de dólares, fueron priorizadas, mientras las otras 47 permanecen en preparación para futuras rondas de financiación.
Como parte de la denominada Misión Crecer, Restrepo participó en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y en la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid. En esos escenarios sostuvo encuentros con representantes de fondos de inversión y promovió la atracción de capitales. También se reunió con directivos de BBVA y representantes de Chevron Texaco.
La Vicepresidencia reportó, además, una reducción del 73 % en el gasto de personal, equivalente a un ahorro estimado de 12.000 millones de pesos anuales. La medida fue presentada como parte del esfuerzo de disciplina fiscal para generar confianza entre los inversionistas.
Ley de rescate económico
Para atender las finanzas públicas, el Gobierno presentó al Congreso, con mensaje de urgencia, el proyecto denominado Ley de Rescate Económico. La iniciativa busca estabilizar las cuentas estatales, frenar el crecimiento de la deuda, evitar una crisis o recesión y reducir el déficit fiscal.
Entre sus propuestas están reducir en 50 % los contratos de prestación de servicios del Gobierno, disminuir en 20 % los gastos de funcionamiento del Estado y racionalizar las compras públicas y las transferencias. La meta general es reducir en 15 % el gasto operativo estatal.
El proyecto ha generado debate, especialmente por las propuestas de establecer IVA a productos de la canasta familiar y aumentar la cotización a salud para quienes reciben ingresos superiores a dos salarios mínimos.
