La Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño denunció la reinstalación de grupos armados ilegales en los municipios de Sonsón, El Carmen de Viboral, San Francisco y Cocorná. Según la organización, se ha observado el tránsito y reubicación de hombres fuertemente armados en estas localidades, lo que genera preocupación entre las comunidades.
A pesar de las repetidas denuncias, la Mesa señala que las autoridades no han respondido a los llamados de la sociedad civil. Esto ocurre a pesar de la presencia de tres batallones del Ejército, tres distritos de Policía y la estrategia EMPAS implementada por el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona. La organización considera que la seguridad de la población civil está en riesgo y exige medidas efectivas para prevenir la violencia.
Según información reciente por parte de las autoridades presentes en la zona, hay expansión del Clan del Golfo en la región, destacando su interés en la extracción de oro de los ríos Samaná, Dormilón, Calderas y Armas.
Ante esta situación, la Mesa de Derechos Humanos solicita acciones concretas que garanticen la protección de la población civil y eviten la repetición de actos violentos en la subregión.
La preocupación se intensifica por las amenazas dirigidas a alcaldes de la subregión, como Aniceto Giraldo Quintana en San Rafael, así como por las intimidaciones de grupos delincuenciales hacia líderes sociales y las comunidades que habitan en estas zonas.
