Por: Alejandro Zuleta Duque
El papel del Estado en la consolidación de los diversos aspectos públicos es fundamental para el desarrollo social y el control urbanístico. En la hidalga ciudad de Rionegro específicamente existe actualmente una ola de desarrollo urbano que si bien es cuestionada por una parte importante de la población, determinará cambios, no solo en sentidos viales, sino también en la forma en que se habitará la ciudad y especialmente ciertas zonas que son sensibles a la “gentryfication”.
Ese neologismo, proviene del inglés británico “gentry”, nobleza o alta burguesía británica que era terrateniente y fue acuñado por la socióloga Ruth Glass en la década de los años sesenta para explicar el desplazamiento o fuerza exclusoria que se da a través de la reorganización territorial que promueve el uso de ciertas zonas de la ciudad hacia otro tipo de densidades (construcciones con más unidades inmobiliarias o residenciales nuevas) y cambios en el uso del suelo. En el mismo sentido, el suelo cambia de propietarios ya que el valor del suelo aumenta y entra en acción el capital de agentes privados con mayor poder adquisitivo a invertir en espacios favorables por su ubicación estratégica o cercanía a zonas históricas o de servicios.
Lo que sucede en Rionegro puede verse con varios lentes. Por ejemplo, la inversión pública en readaptación de espacios públicos es bien vista, dado el existente “atraso” con relación a los espacios dignos para la población que va en aumento, asunto que podríamos determinar como una gentrificación positiva; por otro lado, gran parte de la población percibe la intervención pública como si fuera en detrimento del desarrollo social puesto que esa configuración de Rionegro como ciudad exige el pago de una alta valorización, es decir una gentrificación negativa pues muchos tendrían que desplazarse contrario a su voluntad vía venta de sus propiedades para saldar deudas por impuestos o acceder a créditos de endeudamiento para resistir y continuar en sus viviendas. Si bien la valorización como instrumento de gestión para el desarrollo de espacios públicos, equipamientos y reinversión social es viable y es necesaria en ciertos momentos de la historia de los municipios en crecimiento como el caso de Rionegro, el cobro se hace de manera exagerado.
Se puede decir, que en pleno año electoral, uno de los aspectos positivos de ese alto cobro de valorización, es la asociatividad e inquietud política que se ha suscitado entre diferentes sectores de la sociedad rionegrera, algo así como una externalidad positiva que surgió en este agite por valorización. Una vez se resuelvan las solicitudes de tratameinto especial solicitados ante la administración municipal de turno, lo mínimo que esperan los ciudadanos es que quienes han aprobado y aprueban ciegamente las políticas locales en muchos casos con escaso debate político, esto incluye concejales, funcionarios y exfuncionarios que aspirarán a cargos de elección popular, lo mínimo sería que mostraran públicamente, no solo sus declaraciones de renta, sino también la factura del predial y valorización canceladas para entendernos como sociedad y apelar al ejemplo, factor decisivo en la tan renombrada moral política.
* Politólogo y especialista en Gerencia de Proyectos, ha trabajado en el tema comunitario y social con personas en situación de desplazamiento y formación en liderazgo. Inquieto por la política y los idiomas.
