Leidy María Arias
@LeidyAriasT
En dos semanas, el Altiplano del Oriente ha conocido de 2 casos, por demás conmovedores y en extremo escalofriantes. La institucionalidad debe autoevaluarse y reconocer si estos crímenes pudieron evitarse.
El primero de ellos, en el municipio de Marinilla. A sus 31 años de edad, Claudia Milena Soto, fue asesinada al parecer por un vecino que en repetidas oportunidades fue denunciado por maltrato y violencia contra su pareja. El 6 de febrero, la vida de Claudia Milena fue arrebatada, al ser atacada con un cuchillo, cuando la mujer se desplazaba a su sitio de trabajo.
Este 13 de febrero se conoció otra triste noticia. Isabela Escobar Gutiérrez, joven guarceña de 23 años de edad, quien había desaparecido desde hacía 9 días en el municipio de El Retiro, fue hallada sin vida en zona rural de la localidad.
Según ha trascendido, en ambas historias, familiares coinciden que los victimarios contaban con historial de denuncias por violencia contra las mujeres. El presunto agresor en Marinilla fue capturado por la policía y puesto a disposición de las autoridades judiciales. A la fecha no se conoce de acciones judiciales contundentes que eviten que vuelva a delinquir.
El feminicidio, que es la forma más cruel de violencia hacia las mujeres, o estrictamente el asesinato ocurrido por condición de género, tiene un tratamiento especial por la justicia, pero inexplicablemente se ha convertido en simples “crímenes pasionales”, razón que termina en juzgamiento de un delito común y corriente.
Paradójicamente muchas mujeres que fueron violentadas por sus parejas o incluso habiéndose comprobado intento de feminicidio, terminan recibiendo a su agresor de regreso con medidas tan disparatadas como la casa por cárcel.
Las estadísticas no son muy alentadoras, los casos siguen en aumento. “Nos están dejando matar”, gritaba una mujer que asistió a una de las movilizaciones que por iniciativa ciudadana se han convocado en ambos municipios en rechazo a la violencia de género. Este llamado invita a la institucionalidad para que tome el control de cada caso que ha sido denunciado, a que le dé trámite con absoluta celeridad para proteger a la mujer frente a su agresor.
Debo decir que no todas las dependencias de la ruta de atención faltan a su deber. Muchas de ellas cuentan con funcionarios sensibles y capacitados, que actúan a tiempo y previenen agresiones y la muerte de más mujeres.
Pero también hemos dado cuenta de muchos casos, en los cuales el historial delictivo de los agresores de mujeres ha sido una alerta temprana para evitar que las víctimas de violencia intrafamiliar o de pareja, terminen consumadas en maltratos, incapacidades y hasta la muerte.
También reconocemos que un grave problema es la falta de denuncias por parte de las víctimas, muchas evitan confrontar al agresor o simplemente saben que la falta de agilidad del sistema y muchas veces las contemplaciones con el victimario, las dejan, no solo desprotegidas, sino revictimizadas. Motivo adicional para proteger y tomar medidas para evitarlo.
Finalmente, esperamos que las rutas de atención a mujeres víctimas de violencia, sean activadas de manera inmediata al recibir las denuncias con el fin de brindar una atención oportuna y eficaz a las denunciantes hasta que sus derechos les sean totalmente restituidos.
