La ejecución de los $160.000 millones provenientes de los excedentes de los peajes de la concesión Devimed está en el centro de la controversia por la actuación de funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías (Invías), quienes, según testimonios conocidos por La Prensa Oriente, comunicaron su decisión de no conciliar en el marco de una acción popular promovida por la Alcaldía de Rionegro, con el respaldo de otros municipios donde se ejecutarían los proyectos.
Esta posición genera interrogantes frente a la solicitud de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, de revisar la viabilidad jurídica de ejecutar las ocho obras viales mediante el concesionario Devimed y plantea la necesidad de establecer si las actuaciones de ambas entidades se ajustan a las instrucciones impartidas por la titular de la cartera. La funcionaria reconoció las expectativas generadas en la región y pidió revisar una alternativa que permita agilizar los proyecto, “esto, sí o sí, hay que cumplirlo y honrarlo porque ahí se generó mucha expectativa por parte de las comunidades del Oriente Antioqueño”, sostuvo.
Por ello, corresponde a ambas entidades aclarar formalmente lo sucedido y precisar si la decisión de no conciliar fue puesta en conocimiento de Ricardo Ayerbe Pino, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y de Juan Camilo Ostos Romero, director general del Instituto Nacional de Vías (Invías), ante la solicitud directa de la ministra de Transporte en una sesión de control político realizada en la Comisión Sexta del Senado.
La solicitud de la ministra responde a los reiterados llamados de los congresistas Esteban Quintero Cardona y Juan David Zuluaga, de la Corporación Empresarial del Oriente (CEO), de MASORA y varias alcaldías. Con esta petición, la ministra Noguera manifestó la posible alternativa que agilice la ejecución de los proyectos viales. Al respecto, el alcalde encargado de Rionegro, Carlos Andrés García Castaño, consideró que el pronunciamiento de la funcionaria representa un avance para la gestión regional. No obstante, advirtió sobre la necesidad de despejar las posibles dificultades jurídicas, presupuestales y administrativas para garantizar que los recursos se destinen a las obras previstas.
Una mesa técnica sin los municipios
La otra controversia se desarrolla en el escenario judicial. Según el mecanismo constitucional conocido por este medio, en agosto de 2026, la Administración Municipal de Rionegro interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, después de reiteradas solicitudes sin respuesta satisfactoria ante la ANI y el Invías durante el Gobierno nacional, correspondiente al periodo 2023-2026. La actuación busca proteger la destinación de los recursos de la subcuenta Obras Complementarias y garantizar su inversión en los proyectos viales requeridos por la región, según se lee en el documento. Dicha acción cuenta con el respaldo de otros municipios que han intervenido como coadyuvantes.
Según el testimonio entregado a La Prensa Oriente, durante una audiencia relacionada con el proceso, la magistrada Juliana Nanclares Márquez consultó a la ANI y al Invías si tenían una fórmula de conciliación. Ambas entidades respondieron negativamente. Ante esa situación, Devimed propuso realizar una mesa técnica con la participación de las entidades nacionales y los municipios, con el propósito de buscar una alternativa que pudiera presentarse al Tribunal. La magistrada acogió la propuesta y concedió un plazo de 30 días para avanzar en la búsqueda de una fórmula de conciliación.
Sin embargo, según el mismo testimonio, la reunión convocada inicialmente para el jueves 22 de octubre fue adelantada sin una comunicación previa a las administraciones municipales. La mesa se realizó con funcionarios de la ANI y el Invías, sin la participación de representantes de los municipios demandantes y coadyuvantes. Este medio conoció que, durante la reunión, funcionarios de ambas entidades informaron que sus respectivos comités de conciliación habían decidido no conciliar. Algunos participantes cuestionaron que se diera por realizada la mesa técnica sin la presencia de la Alcaldías, que promovieron la acción popular, ni de los demás municipios interesados. La versión indica que los funcionarios señalaron que las decisiones de los comités serían llevadas directamente al Tribunal.
Ocho obras a la espera de una decisión
Los recursos, estimados en $160.000 millones, están asociados a ocho proyectos viales. En Rionegro se encuentran el intercambio vial de la Clínica Somer, el paso peatonal de San Antonio de Pereira y el mejoramiento del sector La Cucharita, en la vía hacia La Ceja. En Marinilla están previstos el intercambio vial Puerta a Embalses y el puente peatonal El Cordobés. La lista incluye, además, el retorno a desnivel de San Vicente, en el sector El Crucero; el retorno de San José, sobre la autopista Medellín-Bogotá, y el retorno de La Mosquita, en el corredor hacia el aeropuerto.
Las iniciativas han sido objeto de gestiones de autoridades municipales, representantes empresariales y congresistas, ante la necesidad de concretar su financiación y ejecución. La posibilidad de que Devimed adelante las intervenciones requiere una definición de las entidades nacionales competentes. En ese escenario, el proceso judicial constituye otra vía para que la Alcaldía de Rionegro y sus coadyuvantes soliciten garantías sobre la destinación de los recursos.
La expectativa regional está ahora puesta en una respuesta de las directivas nacionales que permita aclarar la situación jurídica y administrativa, atender la solicitud formulada por la ministra y definir una ruta para las ocho obras. La ANI y el Invías tienen la responsabilidad de precisar su posición y explicar cómo procederán frente a los recursos, mientras el Tribunal Administrativo de Antioquia continúa con el trámite de la acción popular.
