Por: Natalia Botero Restrepo. Comunicación social UCO,
“En estos momentos yo no sé si él está vivo o si está muerto, solo sé que hace 17 años lo secuestraron”, responde con su voz apagada Ángela María Henao cuando le preguntan por su esposo, de quien no tiene información desde 2001. Aún recuerda el día que él salió de su casa, en Sonsón, para prestar el servicio de transporte a una pareja de esposos que se dirigían a Marinilla. Cuando iban en el Alto de Guayaquil, a las afueras de Sonsón¸ fueron emboscados por guerrilleros del frente 47 de las Farc, que era comandado por alias Karina. La pareja con la que José Clavijo se encontraba fue dejada en libertad. Según los testimonios presentados por ellos, Clavijo Gómez quedó en manos del grupo armado. Y hasta el día de hoy las autoridades no dan respuesta de su caso.
Dos meses después de los hechos, Ángela María puso la denuncia desde la ciudad de Medellín, lugar al que fue desplazada luego del secuestro de su esposo. En el 2010 recibió una indemnización. “En relación con todo lo que yo perdí, para mí eso no fue plata, porque el daño fue muy grande. Yo tuve que dejar todo tirado en Sonsón y salir como mi Dios me ayudó, con mi muchachito de siete años en brazos”, aseguró Ángela María.
El caso de Ángela es uno de los 8558 procesos que atiende, desde el 2013, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, con sede en La Ceja. Se creó a partir de la Ley 1448 del 2012, de Víctimas y Restitución de Tierras. Por medio de esta se brindan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La unidad tiene como objetivo el acercamiento del Estado a las víctimas, mediante una gestión eficiente, que promueva la participación efectiva de las víctimas en su proceso de reparación.
Cifras de la guerra
Con la presencia de los grupos paramilitares y la guerrilla, entre los años 2000 y 2004 en el municipio de Abejorral se registraron 316 desplazamientos forzados y en La Unión 705, según datos de la Red de Información. Por su parte, La Ceja reportaba una cifra de 374 víctimas desplazadas, que en su mayoría provenían del corregimiento de San José, el cual fue fuertemente golpeado por el ELN y los bloques Metro y Cacique Nutibara de las autodefensas. Según informes de una de las funcionarias de la Unidad de Víctimas, “Los mayores casos de violencia que se reportan en la Unidad del municipio son desplazamiento, homicidio, desaparición, y en menores cantidades secuestro y abuso sexual”.
Proceso de indemnización
Luego de que las víctimas hagan todo su proceso para entrar al Registro Único de Víctimas (RUV), pasan a recibir una ayuda humanitaria que consiste en un apoyo económico para alimentación y alojamiento. Esta ayuda se entrega dos o tres veces al año, dependiendo del proceso en el que se encuentre la víctima.
Luego de terminar el periodo de la ayuda humanitaria, las víctimas de desplazamiento forzoso pasan al proceso de indemnización, el cual se divide en tres categorías: 17 salarios mínimos para aquellos grupos familiares cuyo desplazamiento ocurrió a partir de abril de 2008, 27 salarios mínimos para el grupo familiar que fue desplazado en fechas anteriores al 22 de abril de 2008 y fueron incluidos en el Registro Único de Victimas hasta el 22 de abril de 2010, y en casos de homicidio y secuestro, la indemnización equivale a 40 salarios mínimos vigentes.
Aunque la cifra de víctimas por reparar es alta, los recursos son pocos y la meta que se puso el Estado para el 2021 de indemnizar 8 millones de víctimas es ambiciosa. El panorama en la unidad del municipio es alentador, dado que, como lo afirmó una funcionaria de la Unidad, “hemos tenido grandes resultados con respecto a la indemnización porque cada mes van llegando más, en julio se indemnizaron a 20 personas, en junio 70 y así van llegando de a poquitos”.
En estos momentos la Unidad está priorizando a las personas mayores de 75 años, con enfermedad terminal, de alto costo o personas que tengan una discapacidad igual o superior al 50%. Estas personas tienen pagos más inmediatos que la población general que también está esperando ser indemnizada.
Ayuda para las víctimas
Uno de los grandes logros de la Unidad de Restitución de Tierras con la dirección territorial de Antioquia —en compañía de la alcaldía municipal— con respecto a las víctimas, ha sido la entrega del predio hacienda Miraflores, el cual antiguamente perteneció a los hermanos Galeano, testaferros de Pablo Escobar. El predio de 7.2 hectáreas fue dividido en 10 parcelas, de las cuales 12 familias desplazadas de San Carlos, Granada, Montebello y Apartadó serán las beneficiadas. Este proceso está acompañado del beneficio de vivienda. Según informes de Naúl Norrego, representante legal de la asociación Asonueva Miraflores, la construcción de las viviendas está en un 80% de ejecución, “aspiramos a que este fin de mes sean entregadas todas las casas. En este momento hay algunas terminadas totalmente, otras se encuentran en obra blanca”, afirmó Norrego.
De igual forma, las víctimas cuentan con proyectos productivos, apoyados por la Unidad de Restitución, quien entrega a los beneficiarios un subsidio por hasta 40 salarios mínimos para el desarrollo de proyectos agrícolas. “Los proyectos productivos están ya en un 100% listos, casi a punto de cosechar. Tenemos cultivos de tomate, todo orgánico, arándanos, frijol, cebolla, granadilla, entre otros productos”, aseguró Norrego. Este ha sido el primer caso de restitución de tierras que se da en Antioquia.
Finalmente, la unidad cuenta con otros servicios, de los cuales se han visto favorecidas las víctimas: el subsidio de vivienda, el de transporte escolar y el subsidio de la tercera edad. Así mismo, la unidad entrega el pin de inscripción de las universidades públicas y ayuda a diligenciar la libreta militar. “El año pasado, en enero, se entregaron 40 libretas, en julio se dieron cerca de 60 y en septiembre 20”, concluyó Liboria Otálvaro Ramírez, enlace municipal de víctimas.
