A principios del mes de marzo, un juez dictó medida de aseguramiento intramural contra Ancísar de Jesús Morales Zuluaga, concejal de la Alianza Verde, del municipio de San Francisco, por tráfico de droga y utilización de menores para ello.
Según la Fiscalía, los cargos que se le imputan al funcionario son fabricación, tráfico y comercialización de estupefacientes, además de la utilización de menores para la comisión de estas conductas delictivas.
Sin embargo, según “La Silla Vacía”, varias organizaciones sociales de Antioquia aseguran que se trata de un montaje judicial de los criminales para quitarle la voz a Morales, pues Ancísar, además de ser concejal, hace parte de tres organizaciones sociales; es reconocido en el pueblo por su liderazgo en procesos de formación de jóvenes y niños, y prevención de consumo de drogas; y venía denunciando desde el año pasado el aumento del microtráfico y la delincuencia en el municipio.
Pruebas de la audiencia
Según el medio, que tuvo acceso a los audios de la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento, a través de labores de inteligencia, desde hace cuatro meses, aproximadamente, se le venía haciendo un seguimiento al servidor público por sus denuncias. Relata que todo había comenzado por denuncias que recibió la Fiscalía, el 27 de septiembre, en las que el concejal Morales utilizó y amenazó a un joven de 17 años para que vendiera marihuana en el casco urbano y las veredas de San Francisco.
Cuatro meses después de las investigaciones, la Fiscalía pidió al juez su captura, basados en las declaraciones del adolescente, de su madre y de un hombre que no se identificó por seguridad, además, se mostraron como pruebas interceptaciones al celular del concejal que no fueron reproducidas en la audiencia, pero sí citadas por el fiscal del caso. En una de esas llamadas un mensaje fue interpretado por el Fiscal como un lenguaje cifrado sobre semillas de marihuana tipo ‘creepy’ y que estarían pactando negocios.
Las autoridades incautaron un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal, ocho cartuchos de diferentes calibres y un celular, en la casa ubicada en la vereda Boquerón, a 45 minutos del casco urbano de San Francisco. El juez aceptó la petición de la Fiscalía para capturar a Morales, por lo que, según dijeron, se trataría de un delito grave que involucra a un menor de edad, y con el agravante además de ser un funcionario público que podría obstruir la justicia si lo dejan en libertad.
Versiones
Una de las pruebas más contundentes que tienen para defenderlo, según Johan Giraldo, uno de los abogados de la Corporación Jurídica Libertad, es que el joven que declaró en su contra en octubre, había sido denunciado por el concejal, un mes antes por robo y venta de drogas en San Francisco. Para probarlo tienen un certificado que les entregó el intendente Silvio Javier Oquendo, comandante de la Estación de Policía de San Francisco, y que fue leído en la audiencia.
Según la Silla Vacía, confirmó que el joven del cual habla el fiscal es el mismo que menciona el intendente Oquendo en la carta. Su nombre es Jean Carlos Soto, y como dijo la fiscalía en la audiencia, ya es mayor de edad. Sobre las llamadas, el abogado Giraldo argumentó que la fiscalía no presentó directamente los audios, sino “una interpretación del investigador que coge frases de manera descontextualizada”.
Funcionarios de la Alcaldía y habitantes del pueblo dieron constancia de que el concejal es un líder social que trabaja en la prevención de consumo de drogas en niños y jóvenes, y argumentaron que la mayoría de personas que viven en el campo tienen una escopeta para cazar.
Finalmente, Ancísar Morales no aceptó ningún cargo y su abogado apeló la decisión del juez. “La fiscalía cometió un error muy grande al haberse quedado solo con una versión de la historia”, dijo, agregando que, “representa más peligro para la sociedad que Ancizar esté encerrado, porque era de las pocas personas que se atrevía a denunciar ese flagelo, ¿ahora quién se va a atrever a hacerlo después de esto?”.
