La movilización social reclama que al caso se le dé la connotación de feminicidio y no de homicidio agravado tal como fue presentado por la Fiscalía.
El día 6 de febrero de 2019 fue asesinada Claudia Milena Soto Gómez, en el municipio de Marinilla, acto que fue perpetrado por su vecino, quien ya contaba con un historial de acoso e intimidación hacia diversas mujeres, pero especialmente hacia Claudia y su hija. Frente a este hecho, la comunidad y diversas colectividades manifestaron el rechazo hacia este tipo de actos que reflejan la violencia patriarcal.
Junto a la familia de Claudia Milena, se dio a conocer el escrito de acusación realizado por la Fiscalía en el cual se señaló al sujeto, el delito de homicidio agravado. Vale aclarar, que en el año 2015 se creó la Ley 1761 (Rosa Elvira Cely), que permite contemplar el feminicidio como un tipo penal autónomo en el Código Penal Colombiano y que define este fenómeno como el hecho de causar la muerte a una mujer por el hecho de su condición de género. Aunque el asesinato de Claudia Milena cumplía con los requisitos contemplados en esta ley para que se considerara como feminicidio agravado, la Fiscalía en el escrito de acusación, desconoció e hizo omisión de esta política al instaurar el delito como homicidio agravado.
Ante esto, la familia de Claudia Milena, con el apoyo de diversas colectividades y especialmente de Yuliana Cuartas, representante de la Mesa de Erradicación de Violencia Contra la Mujer, comenzaron a impulsar una serie de acciones de visibilización sobre lo acontecido. Se realizaron solicitudes formales ante diferentes autoridades de las ramas de poder público para que se manifestaran ante el caso. También, el 6 de mayo se desarrolló un plantón a las afueras del juzgado de Marinilla con el fin de exigir justicia y dar una voz de apoyo hacia las mujeres y hacia este caso en concreto.
“Lo que hicimos fue que a la Mesa de Erradicación de Violencia Contra la Mujer invitamos todas las entidades y redactamos una carta que fue directamente a la Mesa Departamental de Mujeres y al Comité de Mujeres de Antioquia, con el fin de hacer presión para que se calificara el hecho como un feminicidio agravado y no como un homicidio agravado”, expresó Yuliana Cuartas.
Finalmente, la presión de las actividades y manifestaciones realizadas como forma de denuncia, tuvo un buen impacto, pues la Fiscalía cambió el escrito de acusación por feminicidio agravado. Que el asesinato sea nombrado como feminicidio permite identificar que el hecho tiene consecuencias jurídicas de mayor peso. Sin embargo, la defensa del abogado del acusador, fue la de inimputabilidad, es decir, que padece de una enfermedad mental y que no hubo conciencia en sus actos. De considerarse inimputable, la pena a pagar no llevaría al sujeto a la cárcel, si no a una medida de seguridad en un centro psiquiátrico. El proceso continúa pendiente hasta nueva fecha en la que se realizará la próxima audiencia.
