Carlos Humberto Gómez
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Hace más de 30 años hacíamos fila desde la 1 a.m. para obtener una cita médica u odontológica y ni qué decir sobre el padecimiento y abuso para acceder a medicamentos y procedimientos urgentes. También por esos tiempos, un presidente del Seguro Social adquirió una costosa sala de juntas para su oficina en el edificio de la entidad en Bogotá, mientras los usuarios mendigábamos por la atención a la cuál teníamos derecho.
En 2001, otro directivo habría recibido millonarias comisiones en la compra de equipos para el Instituto de Seguros Sociales, por parte de un proveedor extranjero. Para la fecha, según información de prensa, los mayores males del ISS eran: corrupción, 34,35 %; desorden administrativo, 30,53 %; falta de recursos, 15,46%; ineficiencia del personal, 11,40 %, y mala imagen de la institución, 1,09 %.
Para 2012 el Instituto de Seguros Sociales dejó de existir, siendo sustituido por Colpensiones en la administración de las pensiones de los afiliados en el régimen de prima media y por la Nueva EPS para la prestación de los servicios de salud. Previamente en 2007 el gobierno había tomado la decisión que otras entidades se ocuparan de prestar los servicios que manejaba la entidad: La Previsora se encargó de las pensiones y el régimen subsidiado, mientras que para las EPS serían seis cajas de compensación familiar.
Todo esto para decir que hay decisiones que no solo son prioritarias. La del Seguro Social sin duda era una urgente, aún con una fuerte oposición hoy es parte de nuestra difícil y controvertida historia. De allí en adelante cambió la forma en que los trabajadores y sus familias, y quienes no cotizaban al sistema, obtuvieran una atención más justa y equitativa ━no perfecta━. El régimen de salud colombiano pasó de afiliar al 47 % de la población, antes de la ley 100, al 95% posterior a su implementación.
Ahora bien, proponer una reforma estructural a la salud, como lo plantea el gobierno de Gustavo Petro es un asunto que va más allá de lo que algunos consideran populismo. Es necesario revisar el modelo que tres décadas después, demuestra que hay que mirar más a la Colombia profunda ━que el sistema hoy no tiene en su agenda━ y de quienes todavía con plenos derechos esperan que sea un Juez, mediante una tutela que obligue a su EPS a entregarle medicamentos vitales para salvarle la vida o la realización de una cirugía urgente. Era lógico que 6 meses después de su posesión se diera el debate de lo que fue anunciado en una propuesta de gobierno considerada por otros como progresista.
¿Y entonces?
Esperaríamos que el trámite hiciera curso como debe ser. Que ante el órgano legislativo se estudie la propuesta que debió ser construida por especialistas en la materia, por funcionarios que conocen y tienen la experiencia. Es decir, que se confirme en el escenario que constitucionalmente es el que convoca y debate, para argumentar una decisión de si el proyecto pasa, lo modifica o lo mejora.
Pero lo que no puede ser, es que se llame a manifestación pública a ciudadanos que buena parte no tiene ni idea de su contenido. Movilizar el pueblo para que avale u opine, sin consideración a su desconocimiento, que no permitirá siquiera saber por qué se acude a la plaza pública. Ser conducidos por una suerte de agite coyuntural y preelectoral a favor o en contra, es nocivo para la democracia. Sino para qué elegimos y delegamos mediante el voto a nuestros senadores y representantes, si no es para que hagan su trabajo y se convoque a la discusión argumentada en el recinto democrático y no en las calles.
Es indudable que debe haber reforma. Pero hay que dejar que el sistema democrático funcione. Sin meterle la mano a las decisiones o forzar al congresista, ellos deben responder por sus acciones y hay quien los controle, y si sus decisiones no son acordes a la ley, habrá órgano de control que lo defina.
Es así como ese «exceso de democracia» que busca otorgar poder a las masas y llevar al extremo la participación, podría tener consecuencias negativas.
Esto también, para algunos, sería el inicio de una tiranía, más cuando son los mismos líderes políticos y actores institucionales quienes las convocan y manipulan.
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● ¿Candidato o precandidato?
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