El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 (PND), que actualmente está para estudio en el Congreso, propone la creación del programa “Basura Cero”, en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que tendría a su cargo la articulación de las diferentes instancias del Gobierno Nacional, entidades territoriales y sociedad civil para su implementación.
El programa tiene como objeto: 1º. Impulsar la economía circular a través del reciclaje y 2º, definir un plan estratégico para el cierre definitivo de los botaderos a cielo abierto, mediante la implementación de parques tecnológicos y ambientales, concentrándose en actividades de aprovechamiento de residuos sólidos, con el fin de reincorporarlos al ciclo económico y evitar su disposición final en rellenos sanitarios.
Aunque en el papel es una propuesta sana y el presidente Gustavo Petro ya había intentado implementarla cuando fue alcalde de Bogotá, el gremio reciclador ve con preocupación esta propuesta, porque no cuenta con una explícita interpretación de los fallos proferidos por la Corte Constitucional, en el sentido de que toda norma debe proteger a esta población especialmente protegida por sus condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad.
Marta Iglesias Escobar, gerente de la Cooperativa Planeta Verde de Rionegro y vocera de la Asociación de Recicladores de Antioquia, recuerda que en varias sentencias judiciales se ha establecido que el material reciclable es de los recicladores, por ser sus destinatarios naturales. “La acción afirmativa se materializa en el fomento y fortalecimiento de la asociatividad de los recicladores dentro de la forma cooperativa y solidaria y la dinámica y práctica de los recicladores se debe fortalecer. Por lo tanto, Basura Cero debe tener en cuenta reconocer y fortalecer los esquemas operativos, sin incursionar en la aventura de nuevas formas por lo menos en cuanto a la población recicladora de oficio se refiere”, sostiene.
La dirigente se refiere al hecho de que, si bien dentro de los objetivos de la propuesta de Basura Cero está impulsar la economía circular a través del reciclaje, no se tiene en cuenta a las organizaciones de ese gremio, sino que se fomentaría la creación de empresas que impulsen los parques tecnológicos y ambientales, las cuales ocuparían a una mínima parte de la población que actualmente se dedica a ese oficio.
Los parques tecnológicos o ambientales
Como se anotó antes, el proyecto Basura Cero busca que se implementen los parques tecnológicos o ambientales para eliminar los botaderos de basura a cielo abierto y para promover la economía circular, incluyendo en su operación a la población recicladora.
Al respecto, la gerente de Planeta Verde anota que los parques o centros de acopio no son lugares para concentrar recicladores, o para ejecutar el reciclaje sin recicladores. Son lugares que viabilizan y facilitan las rutas de reciclaje y por lo tanto, su ubicación, instalación y normas de funcionamiento deben derivar de las rutas históricas y habituales, pues constituyen el punto de llegada, mas no el de partida de dichas rutas.
“El incremento de la cobertura no significa el incremento del material aprovechable para beneficio de los recicladores y beneficio ecológico de la ciudad. Queda claro que las condiciones de los recicladores no variarán sustancialmente, ya que en el desarrollo de su labor han venido compitiendo entre ellos y con los operadores por hacerse al material aprovechable. El programa Basura Cero, o cualquier otro, debe partir del aseguramiento y las salvaguardas a favor de los Recicladores de oficio y el reconocimiento y fortalecimiento de sus rutas históricas y habituales, lo que excluye cualquier posibilidad de áreas de servicio exclusivo, pues son contrarias al derecho de los recicladores de acceder con libertad y seguridad al material aprovechable”.
En cuanto a la creación de puestos de trabajo en esos parques, insiste en que tal ofrecimiento resulta positivo para los integrantes de esta población que decidan no dedicarse a las actividades de reciclaje, pero lo cierto es que este ofrecimiento no representa por sí mismo un avance destinado a la formalización de este grupo marginal, ni implica un reconocimiento a la experiencia acumulada a lo largo de los años en razón a la labor económica que realizan. “Los parques tecnológicos han sido históricamente pensados para concentrar la población recicladora de oficio, lo que en primer lugar es claramente insuficiente para garantizar los derechos de toda la población recicladora, y, en segundo lugar, es más una oferta de empleo, claramente contraria a las órdenes y exhortos de la Corte Constitucional”, sostiene Iglesias.
Agrega que el gremio reciclador no se opone al programa Basura Cero, ni a las estrategias para avanzar hacia el concepto de economía circular, pero indudablemente estos tienen que ser pensados con, por y para los recicladores, pues en caso contrario, también se estaría contrariando a la corte y desacatando al juez, cuando en sus sentencias hacia la población recicladora de oficio, textualmente afirman, “bien vale la pena que la corte considere entonces, reiterar una prohibición de empobrecimiento legal de los pobres y de paso impartir una orden que empodere jurídicamente a los sectores pobres que, como los recicladores, tratan de sobrevivir honestamente en medio de un maremágnun de normas, política y desidia Estatal”.
Tarifa de aprovechamiento para los recicladores
Durante una audiencia pública realizada en la Cámara de Representantes para escuchar a los representantes de los recicladores en relación con el programa de Basura Cero, incluido en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, se planteó a los congresistas la necesidad de que en la ley quede explícito que la tarifa de aprovechamiento, que se cobra a los usuarios del servicio de aseo, debe ser para los recicladores y no para las empresas de servicios públicos.
Se llamó la atención del legislativo que, “esa tarifa de aprovechamiento, fue una conquista del gremio de los recicladores, pero en la mayoría de regiones del país la están cobrando las empresas de servicios públicos, así no reciclen, y en algunos casos se crearon empresas de papel que estafan a los usuarios cobrando la tarifa”.
A pesar de todas las dificultades que tienen que afrontar los recicladores, hay que recordar que en Colombia más de 60.000 familias viven de esta actividad y de ahí la preocupación de que la implementación del proyecto Basura Cero, si no tiene en cuenta al gremio, puede provocar un impacto social negativo en esta población, puntualizó la exposición en el Congreso.
