Carlos Humberto Gómez
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En octubre de este año los colombianos elegiremos gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles que nos representarán hasta el 31 de diciembre de 2027. Cuatro años que tendrán por elección popular, el favor ciudadano para tomar decisiones que deben mejorar las condiciones de vida de la población. También para demostrar que sus propuestas marcaron diferencia y no se convertirán en un canto a la bandera.
Esperamos los argumentos y un proyecto para gobernar de quienes se postulan y trabajan en sus precandidaturas, que solo a partir del 29 de julio de 2023 serán oficiales, hoy es expectativa, ver calendario electoral pues faltan detalles como un aval o avales de los partidos o movimientos que lo respaldarán y, valga decir, no es seguro que lo tenga de un jefe político, senador o representante, por muy bien que le haya ido en las elecciones regionales pasadas. Ejemplos hay, y muchos. Buena parte de las decisiones se toman en la capital y no en los ambientes políticos locales. Para ello hay alternativas como la recolección de firmas y buscar un mínimo de respaldos que le permitan aparecer en el tarjetón como candidato.
Es preciso recordar, además, que los programas de gobierno ━para el caso de candidatos a gobernación y alcaldías━, quedan con palabra empeñada en la Registraduría. Este documento no es una simple formalidad, su incumplimiento podría generar un proceso de revocatoria del mandato. Aunque ya sabemos en qué termina este mecanismo amparado en el artículo 103 de la Constitución Política. Sirve para asustar y generar mal ambiente al gobernante, en la mayoría de casos liderado por un contradictor político.
El programa de gobierno concretará las propuestas y compromisos del candidato y serán la base del eventual plan de desarrollo, el cual se convertirá en la hoja de ruta en los cuatro años del mandato del gobernador o alcalde. Y un asunto a tener presente, que candidatos a diputados y concejales, que estén prometiendo obras y proyectos no saben de su rol en la gestión pública, su responsabilidad será el control político y darle trámite a proyectos de acuerdo u ordenanza en sus corporaciones.
¿El fin de los huecos y la inseguridad?
Ahora bien, el ciudadano consciente ya no come cuento. Duda de la campaña que le asegura que le va a “tapar los huecos” en todas las vías y acabará con “tanta inseguridad” en el municipio. Es una de esas prácticas para conseguir votos y apoyo a falta de argumentos. Sea el alcalde de derecha, izquierda o centro, electo por partido o por firmas, se encontrará con los mismos retos para gobernar y responder por la ejecución de un presupuesto que no es una caja menor.
Y no está solo. Las decisiones en los territorios pasan por los consensos, acuerdos y muchas veces por las imposiciones de los gobiernos, más allá de sus fronteras. Los alcaldes dependen de los gobernadores, y estos, a su vez, del gobierno central para ejecutar convenios y proyectos cofinanciados. Y para el caso, también deberán acudir a estas instancias para intervenir vías del orden nacional y departamental, y en asuntos de orden público contar con pie de fuerza y apoyo que no siempre está a su alcance. Es decir, no será autónomo frente a sus electores para sacar adelante un plan de desarrollo que lo medirá por sus ejecuciones y le exigirá cumplir promesas de campaña.
En sus cuatro años deberá lidiar, básicamente, con los mismos problemas de sus predecesores. La crítica, que antes sirvió para cautivar, será su día a día. Las exigencias serán las mismas, las expectativas del ciudadano seguirán pidiendo muchos imposibles e inviables, como “tapar los huecos” en todas las vías y acabar con “tanta inseguridad”.
Estamos a tiempo de considerar cuál será el mejor camino para que los territorios avancen y los ciudadanos exijamos condiciones de dignidad y atención por parte del Estado, con decisiones informadas en las próximas elecciones locales. Por lo pronto, al término del primer semestre se confirmará quién realmente será candidato.
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