Por: Erney Montoya Gallego
La Registraduría convocó a los ciudadanos de trece municipios del Oriente antioqueño a participar en una consulta popular cuyo propósito es saber si están de acuerdo o no con la creación del área metropolitana. Dicha convocatoria tiene su origen en un proyecto de constitución de este esquema de asociatividad presentado por el Gobernador de Antioquia.
La idea, sin embargo, no tiene mucha acogida entre sectores sociales, políticos y académicos del Oriente antioqueño por varias razones. En lo personal, considero que la creación del área metropolitana, por su procedencia, marcado enfoque económico y urbano, los artilugios políticos que hay detrás de la ley de áreas metropolitanas y la forma en que piensan constituirla, es una propuesta que carece de legitimidad.
La Ley 1625 de 2013 (régimen de áreas metropolitanas), fue un proyecto de ley presentado por la Cámara de Comercio del Oriente antioqueño y el grupo denominado Tertulia La Glorieta. Es un gremio y un grupo privados que, como es de esperar, tienen intereses privados, no sociales ni de conservación de los bienes naturales comunes. Históricamente la teoría económica liberal, de carácter burgués, ha promovido la permanencia en el poder de las élites económicas, las cuales no tienen ningún interés social ni de preservación de la naturaleza. Sus intereses son individualistas y lo único que han traído es concentración de la riqueza y desigualdad.
Las áreas metropolitanas son esquemas de asociatividad supramunicipal que solo saben gestionar los procesos urbanos, no los procesos rurales ni rural-urbanos. Claro ejemplo de ello es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que ha desarticulado y destruido el componente rural de esa zona; y, al paso que va, hará lo mismo con el sector rural del Oriente antioqueño.
Entre los artificios políticos que hay detrás del régimen de áreas metropolitanas está el hecho de haber bajado la participación ciudadana del 25% del censo electoral de cada municipio que haga parte del proyecto de creación a solamente el 5%. Esta modificación fue liderada por la Tertulia la Glorieta y la Cámara de Comercio del Oriente antioqueño, quienes con alborozo celebraron la decisión tomada por el Senado en junio de 2019 y anunciaron que esto “facilita la creación de áreas metropolitanas”, como editorializó el presidente ejecutivo de la entidad gremial. Para el sector económico privado la “facilidad” (facilismo, digo yo) es el criterio requerido para una decisión tan crucial para el territorio. Pero en términos políticos y sociales es una puñalada a la participación ciudadana.
Tampoco hay visos de legitimidad en la forma que piensan crear el área metropolitana. La convocatoria a la consulta popular aplica para los municipios de Abejorral, San Rafael, Guatapé, El Peñol, Concepción, Granada, San Vicente Ferrer, El Santuario, La Ceja del Tambo, El Carmen de Viboral, El Retiro, Guarne y Rionegro. La mayoría de estos municipios son mayormente rurales, y algunos rural-urbanos; entre muchos de ellos no se presentan hechos metropolitanos. Sus lógicas son rurales y requieren un esquema de asociatividad que favorezca la gestión de hechos rurales, no urbanos.
En conclusión, el área metropolitana puede que sea legal, pero no es una figura de integración territorial legítima para el Oriente antioqueño, porque desconoce las demandas por una construcción social coherente con la vocación de nuestros municipios, niega nuestras lógicas rurales y rural-urbanas, limita la participación ciudadana y transgrede la realidad territorial.
*Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente
