Por: Juan Luis Ángel Cardeño
Todos los días cualquiera de nosotros cruza un imaginario Estrecho de Mesina: en un lado está Escila y en el otro Caribdis. En “La Odisea” representan dos monstruos con poderes devastadores que Ulises debió enfrentar regresando a Ítaca.
Estar entre “Escila y Caribdis” es una expresión que describe las consecuencias de una decisión pues, se pueden perder marineros o todo el barco.
El pasado 9 de noviembre debíamos haber tomado la decisión de “cruzar el estrecho de Mesina” con un barco llamado “Oriente Antioqueño”. Parte de la tripulación auguraba aguas turbulentas por lo que sería mejor no cruzarlo, en tanto otros tripulantes, del mismo barco proponían cruzar guardando las debidas precauciones, ya que navegando se va disipando la niebla y se despeja el horizonte.
Pero los vientos cambiaron y por razones más allá de nuestra voluntad el barco no cruzó y pareciera que ahora la tripulación tiene continuar su viaje en las embarcaciones que ocupamos en la actualidad, unos remando, otros desplegando su velamen y alguna que otra, equipada con motor, alcanzarán el puerto de forma segura.
Navegar tiene sus riesgos, pero estos se minimizan si la embarcación es más robusta y adicionalmente requiere que sea capitaneada tomando decisiones sobre el rumbo de forma compartida. Pero nos hemos acostumbrado a mirar el panorama de forma bucólica o en su defecto apocalíptica. Ni lo uno ni lo otro.
La ciudadanía de los municipios que inicialmente expresaron su voluntad de transformar estratégicamente su gobernanza tiene el derecho de decidir. Impedirlo es contrario al ejercicio democrático e incrementa el costo de oportunidad de este proceso.
Cuando elegimos podemos evaluar el resultado final de esa decisión. El “costo de oportunidad” en economía es aquél asociado a la MEJOR alternativa desechada: es imposible estar en dos sitios al mismo tiempo. En este caso el costo de oportunidad es alto puesto que, paradójicamente no se ha podido decidir. Pareciera que en el oriente antioqueño la alternativa seguirá siendo que cada municipio, la mayoría con profundas limitaciones en recursos y capacidades, le de tránsito a “sus necesidades”.
“No basta con instituciones que administren la parcela; necesitamos una que comprenda la complejidad del conjunto y actúe con contundencia” afirmaba María Isabel Gómez en la Edición Especial de La Prensa Oriente (septiembre 2025) y así le imprimía a este proceso el marco conceptual necesario a la gestión territorial: cohesión y asociación. La primera supera con creces los “límites administrativos”, esos espacios liminares que ni el suelo ni los ríos conocen. La segunda es voluntaria y significa poder definir de manera conjunta muchas cosas que redunden en el fortalecimiento institucional, en mejorar la capacidad de negociación, en tener una perspectiva amplia que articule objetivos y políticas…en fin que permita superar el localismo creando una visión compartida del presente y del futuro.
A la luz de estas ideas, juzgue el lector si en el oriente antioqueño, en el de los ocho (8) municipios interesados en la conformación del esquema asociativo territorial denominado ÁREA METROPOLITANA, se han PRODUCIDO, se están GENERANDO y seguirán REGISTRÁNDOSE un sin número diverso de procesos que pueden ser catalogados como HECHOS METROPOLITANOS.
Ahora bien, debería considerarse dentro de los “hechos metropolitanos” problemáticas comunes a los municipios interesados, a saber:
- Debilidad institucional: expresada en muchos factores y variables.
- Limitaciones fiscales: la generación de ingresos depende en alto porcentaje del recaudo de impuesto predial y la capacidad de fiscalización y actualización catastral es nula.
- Limitada capacidad de financiación del presupuesto.
- Baja participación ciudadana en la vida municipal.
Efectivamente las buenas intenciones de una administración chocan con las limitaciones operativas, logísticas, técnicas, jurídicas y políticas en los entes territoriales.
Es cierto, falta mucha INFORMACIÓN que permita avanzar sobre una propuesta de asociatividad territorial. La figura de ÁREA METROPOLITANA no es la única pero, desde la perspectiva planteada y el MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL es ésta la que permitiría la regulación de los “hechos metropolitanos” (que hace rato están en marcha) a la par que, desde la propia norma (Ley 1625 de 2013) se presenta una lista de trece (13) posibles fuentes de financiamiento para desarrollar las obras de infraestructura de interés común en la región, realizar la gestión más eficiente d ellos servicios públicos domiciliarios bajo el criterio de economías de escala así como implementar las funciones administrativas asignadas.
El ÁREA METROPOLITANA pudo (¿podría-podrá?) ser una oportunidad para el fortalecimiento institucional de la región, para incrementar la capacidad de negociación de los entes territoriales y sus administraciones.
Indudablemente hay que tener precauciones: en los ríos revueltos la ganancia es de los pescadores, pero también es cierto que requerimos el producto de esa pesca. Esos son retos muy atractivos. Decidir SÍ o NO y retirarnos a descansar a los camarotes del barco tiene consecuencia. Una respuesta positiva hubiese implicado pensar en el diseño organizativo, los controles, el inventario y priorización de proyectos, la definición de competencias, la integración de capacidades ciudadanas y hasta la redacción de los estatutos que definiera la actuación de la junta metropolitana. El NO, implícito que tenemos hoy es un reconocimiento del “status quo” donde las limitaciones continúan en medio de un panorama de transformaciones muy dinámicas sobre las cuales los municipios por separado tienen mucho por hacer sin aprovechar las economías de escala que genera la asociatividad.
“No derribes una valla si no conoces la razón por la que fue puesta” decía Chesterton, el Príncipe de las Paradojas. Agregaría: no pongas una valla sin tener una razón para la misma.
El ordenamiento territorial debe tener oportunidades. Territorio es el agregado de geografía y población por lo que requerimos modelos de ordenamiento que superen las intervenciones aleatorias e individuales.
* Economista Agrícola. Mg. en Educación – Ex docente de la Universidad Católica Luis Amigó
