La competencia por el suelo entre la vivienda, las actividades económicas, el aeropuerto José María Córdova y la producción agropecuaria es uno de los principales problemas identificados en el diagnóstico para actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Rionegro. El equipo técnico señaló que Rionegro cuenta con 17 unidades de planificación rural, de las cuales una está formulada, pero aún no ha sido adoptada. La situación plantea el reto de avanzar en estos instrumentos para orientar los usos del suelo rural.
El diagnóstico fue elaborado por la Unión Temporal UPB-UCO, mediante un contrato que representó una inversión de $3.243 millones. Sus resultados fueron socializados en dos sesiones del Concejo Municipal por la secretaria de Planeación, Marisol Gómez David; el rector de la Universidad Católica de Oriente, Ángel Agudelo Mesa, y los profesionales responsables de las dimensiones ambiental, sociocultural, económica y funcional. La actualización también contempla revisar las políticas públicas, según explicó la funcionaria.
Gómez David señaló que la actualización catastral ejecutada entre 2025 y 2026 permite contar con información sobre el territorio para avanzar en su clasificación y planificación.
Cambios en el uso del suelo rural
Uno de los hallazgos del diagnóstico es la transformación de la zona rural, que pasó de tener una vocación predominantemente agropecuaria a registrar corredores industriales y comerciales, además de un crecimiento urbanístico que ha presionado las áreas destinadas a la producción agrícola.
Según las cifras expuestas durante la socialización, el 87,5 % de las construcciones realizadas entre 2017 y 2023 se localizaron en suelo rural. Entretanto, de las 772 hectáreas definidas como suelo de expansión en el POT vigente, solo se ha desarrollado el 10 %.
Jhon Jairo Hurtado, profesional responsable de la dimensión económica, describió la competencia entre las distintas actividades que requieren espacio en el municipio. “El municipio tiene unos conflictos sobre el suelo muy altos, donde pone a competir la actividad económica, la vivienda, el aeropuerto y las actividades agropecuarias por el mismo espacio, una competencia muy acelerada sobre el suelo disponible”, sostuvo.
El diagnóstico también expone diferencias en los valores del suelo. Según Hurtado, el metro cuadrado en la zona urbana se encuentra entre $1,77 millones y $2,4 millones, mientras que en la zona rural oscila entre $85.000 y $140.000. A su juicio, esta brecha incentiva la presión sobre los predios productivos para destinarlos a otras actividades.
Entre 2019 y 2025, el área cultivada disminuyó de 600 a 430 hectáreas y la actividad ganadera registró una reducción del 54,8 %, de acuerdo con las cifras presentadas. Hurtado relacionó estos cambios con las dificultades que enfrentan los pequeños productores ante la transformación del territorio.
La actividad constructiva también se concentra en sectores suburbanos y rurales. Según el diagnóstico, cerca del 52 % de las licencias de construcción expedidas corresponde a esas zonas, donde el crecimiento disperso representa mayores costos para la prestación y sostenibilidad de los servicios públicos.
El aeropuerto y la expansión empresarial
La ampliación proyectada del aeropuerto José María Córdova ocupa un lugar importante en la revisión del POT. El diagnóstico reconoce su incidencia en la competitividad de Rionegro, pero también plantea la necesidad de armonizar el desarrollo aeroportuario con la planificación municipal y los cambios que podrían producirse en su entorno.
El estudio advierte que el crecimiento de esta infraestructura no se limita a la construcción de una nueva pista y otra terminal. También podría aumentar la presencia de actividades industriales y comerciales, con efectos sobre las áreas rurales y las familias campesinas que habitan esos sectores.
De acuerdo con lo expuesto en la socialización, la ampliación del terminal aéreo requeriría utilizar más de 700 predios. El proceso de planificación deberá considerar las alternativas para las familias que puedan verse afectadas.
El diagnóstico también señala que la llegada de industrias incrementa la demanda de vivienda, servicios públicos, educación, salud, movilidad y espacio público. Estas necesidades deberán contemplarse en el ordenamiento, junto con los equipamientos requeridos por una población que incluye adultos mayores.
Proyecciones de población hasta 2050
La formulación del nuevo POT parte de estimar cuántas personas habitan el municipio y cómo podría cambiar esa población en las próximas décadas.
Nubia Esther Vergara, coordinadora del equipo técnico encargado de la formulación, explicó que “El Plan de Ordenamiento Territorial parte de conocer la población y se ordena para la población, sabiendo cuántos somos y cuántos van a ser en el futuro, con una visión de más largo plazo”.
Vergara señaló que el instrumento debe considerar las normas ambientales aplicables a Rionegro, la delimitación del centro histórico que se adelanta con el Ministerio de Cultura y la actualización del Plan Maestro del aeropuerto José María Córdova, por tratarse de una determinante para el ordenamiento territorial.
En las proyecciones presentadas durante la socialización, el equipo técnico estimó que Rionegro tendría 259.699 habitantes en 2050, frente a una proyección del DANE de 181.944 para ese año. Para la población urbana, las cifras expuestas fueron de 175.265 y 128.863 habitantes, respectivamente; para la rural, de 84.434 y 53.081. Estas diferencias corresponden a los escenarios presentados por las dos fuentes.
Áreas protegidas y recursos hídricos
La dimensión ambiental del diagnóstico incluye las áreas protegidas, las rondas hídricas, los humedales, las microcuencas abastecedoras de acueductos veredales y los predios vinculados a programas de conservación.
El ingeniero ambiental Juan José García recordó que en la jurisdicción de Rionegro hay cuatro áreas protegidas delimitadas por las autoridades ambientales. La reserva Nare, ubicada en límites con Guarne y Envigado, comprende 354 hectáreas en territorio rionegrero. La reserva La Selva, en la vereda Tres Puertas y el corredor del río, ocupa 65 hectáreas.
También se encuentra el distrito de manejo integrado El Capiro, en la vereda Santa Teresa y en límites con El Carmen de Viboral y La Ceja, con 325 hectáreas en Rionegro. La cuarta área corresponde al cerro El Corcobado, en la vereda Higuerón, con 14 hectáreas que hacen parte de Cerros de San Nicolás. Según García, estas áreas están definidas por autoridades de mayor nivel y deben ser consideradas dentro del ordenamiento.
En cuanto a las rondas hídricas, el municipio tiene delimitadas las correspondientes a las quebradas La Pereira, La Mosca y Cimarronas. Para estas zonas se establecen retiros de protección que, según lo expuesto por el profesional, tienen un mínimo de 10 metros, dependiendo del afluente. En el río Negro se adelanta la zonificación correspondiente.
Cornare ha delimitado 11 áreas de humedales en el municipio, entre ellas los lagos Cimarronas y Santander, Piamonte, el embalse de EPM y sectores de las veredas Chipre, El Tablazo y Galicia. También se incluyen El Llanito, Lotus, Guadalcanal y la zona E. Estas áreas constituyen determinantes ambientales que deben incorporarse a la planificación.
El diagnóstico registra, además, 68 pequeñas quebradas que abastecen acueductos veredales administrados por 25 prestadores de servicios públicos. A esto se suman cerca de 320 predios vinculados al programa de Pago por Servicios Ambientales, con una extensión aproximada de 530 hectáreas destinadas a la conservación de bosques.
Riesgos naturales y planificación territorial
La gestión del riesgo -según dice- deberá incorporarse en los componentes general, urbano y rural del nuevo POT. Para ello, se requiere delimitar y zonificar las áreas expuestas a amenazas, de acuerdo con las condiciones identificadas en el diagnóstico.
Entre los sectores mencionados por su susceptibilidad a movimientos en masa se encuentran las veredas La Quiebra, Yarumal y El Tablazo, el sector El Hoyo en Cabeceras, el cerro El Capiro, Río Abajo y parte de Higuerón. El estudio los describe como territorios clasificados en amenaza baja.
Las amenazas por inundación se relacionan principalmente con el río Negro y la quebrada Cimarronas. La identificación y delimitación de estas zonas deberá formar parte de las decisiones sobre los usos y la ocupación del territorio, según el planteamiento del equipo técnico del POT
Próxima etapa del POT
Tras la socialización del diagnóstico, la Unión Temporal UPB-UCO tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar la formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. La propuesta deberá ser llevada al Concejo Municipal para su estudio y eventual aprobación mediante acuerdo municipal.
De acuerdo con lo expuesto, el nuevo instrumento tendrá una vigencia de 12 años. Su formulación deberá traducir los hallazgos del diagnóstico en decisiones sobre la ocupación urbana y rural, la protección de los recursos naturales, el crecimiento de la infraestructura aeroportuaria y empresarial y las necesidades de una población que, según las proyecciones presentadas, continuará aumentando.
