El encuentro, organizado por la Asocomunal San Vicente, con el apoyo de los medios locales emisora Ambiente Stéreo, San Vicente Televisión y Comunicaciones San Vicente, y transmitido en directo a través de redes sociales, se realizó este sábado 14 de noviembre con la participación de representantes de las posturas del Sí y del No frente a la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Durante la jornada, los participantes expusieron sus argumentos sobre los efectos que tendría la incorporación del municipio a esta figura asociativa y respondieron preguntas relacionadas con la distribución de recursos, el ordenamiento territorial, el transporte, la seguridad y el desarrollo rural.
Las preocupaciones de quienes defienden el No
El exconcejal Edison Esneyder Castrillón cuestionó el modelo de gobernanza propuesto y señaló que la concentración de decisiones en Rionegro podría limitar la capacidad de incidencia de los municipios con menores recursos. Según expuso, la diferencia en los aportes financieros tendría consecuencias sobre la distribución de las inversiones. “Es un modelo asimétrico, desigual”, sostuvo al referirse a la participación económica de los municipios. En su intervención mencionó que, según las cifras expuestas en el debate, San Vicente aportaría cerca del 1 % de los recursos, mientras Rionegro tendría una participación del 53 %.
También cuestionó que el documento técnico de soporte no identificara a San Vicente y La Unión entre los municipios prioritarios de la propuesta. A su juicio, esta condición genera dudas sobre los beneficios directos que recibiría la localidad.
El concejal Arbey Carmona, por su parte, expresó reparos frente a las competencias de la figura metropolitana en materia de ordenamiento territorial y ruralidad. Consideró que los instrumentos existentes de asociatividad podrían atender necesidades regionales sin incorporar una estructura que, según su planteamiento, tendría decisiones concentradas alrededor del municipio núcleo.
“El área metropolitana está creada para regular suelos urbanos”, afirmó al referirse a las posibilidades de protección del campesinado y de los distritos agrarios.
Ambos participantes señalaron que la autonomía municipal, la conservación de las áreas rurales y la distribución de las cargas ambientales deben ser consideradas antes de adoptar una decisión.
Los argumentos a favor de la integración
En defensa del Sí, Nubia Vergara, líder política del municipio, presentó indicadores de pobreza multidimensional y competitividad municipal para señalar las diferencias entre San Vicente y otras localidades del Altiplano. También expuso cifras sobre el crecimiento del número de predios, propietarios y áreas construidas entre 2015 y 2025.
Sostuvo que estos cambios requieren mayor capacidad técnica para atender las dinámicas territoriales. “Necesitamos una entidad técnica capaz, suficiente, que le ayude a los municipios a tomar decisiones», expresó.
Entre los beneficios que atribuyó a la figura mencionó la posibilidad de gestionar soluciones conjuntas en seguridad, movilidad, infraestructura y servicios de salud. También defendió la inclusión de un distrito agrario como instrumento para fortalecer las economías campesinas.
El exdiputado y exalcalde Roque Arizmendy, recordó su experiencia como alcalde de San Vicente, centró parte de su intervención en las dificultades de transporte entre el municipio y localidades vecinas como Rionegro, Guarne, Marinilla y El Santuario. “El área metropolitana es una autoridad de transporte”, sostuvo al plantear que esta figura permitiría organizar rutas, establecer corredores y revisar las condiciones del servicio para los usuarios.
También defendió la posibilidad de impulsar un distrito agrario metropolitano y afirmó que la cooperación entre municipios permitiría gestionar obras que una administración local no podría desarrollar por sí sola.
Financiación y capacidad de decisión
Uno de los asuntos discutidos fue el aporte económico que asumiría San Vicente. Durante el foro se expuso una proyección cercana a 745 millones de pesos, calculada a partir de los mecanismos de financiación planteados en el documento técnico.
Los representantes del No cuestionaron la relación entre los recursos que aportaría el municipio y su capacidad para decidir sobre las inversiones. Los defensores del Sí respondieron que la contribución corresponde al 1 % de los ingresos corrientes de libre destinación o al porcentaje establecido sobre el impuesto de delineación urbana, y que su aplicación debe considerar las disposiciones y decisiones correspondientes.
La posibilidad de retirarse de la figura también generó diferencias. Arismendy sostuvo que podría contemplarse una salida mediante los mecanismos legales y la decisión ciudadana. Los representantes del No señalaron que no identificaban garantías suficientemente precisas sobre ese procedimiento.
El espacio de conversación también abordó la seguridad, el saneamiento, la protección ambiental, los acueductos veredales y la distribución de las cargas regionales. Las intervenciones dejaron expuestas diferencias sobre el alcance de las competencias metropolitanas y la manera en que sus decisiones podrían beneficiar a los municipios de menor capacidad financiera.
El denominado “Foro ciudadano” concluyó con posiciones distintas sobre la conveniencia de integrar San Vicente Ferrer al Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Los participantes coincidieron en la importancia de que la ciudadanía conozca los argumentos y las implicaciones de la decisión que deberá adoptar en las urnas.
