Carlos Humberto Gómez
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No hace mucho atendí una comunicación telefónica que me causó sorpresa. Jamás me habían llamado o requerido para encuestarme, por ello mi asombro. Decía, “estamos llamándolo para hacerle unas preguntas sobre percepción ciudadana”. En seguida una voz femenina me aseguró que no pediría mi nombre y tampoco mi número de identificación.
Seguro no necesitaba confirmar mi identidad porque ya la tenía. Este tipo de contactos se dan gracias a las bases de datos oficiales que se entregan a particulares para que hagan estos sondeos, un asunto abiertamente ilegal, porque la información debe ser usada estrictamente para el fin que fue confiado, no para compartirla, ni mucho menos usarla para el propósito que describo.
Preguntó por los aspectos que yo consideraba como prioridad para resolver las problemáticas del municipio. En ese momento me cuestioné porque quien me llamaba, nunca preguntó en qué lugar me encontraba o vivía, para confirmar y decidir si era yo la persona indicada para responderle. Tampoco mostró interés en saber si quería responder el cuestionario. Al fin preguntó sobre temas de calidad de vida y realidades locales, las cuales atendí.
Al término de la llamada, la pregunta que parecía ser la más importante, “de los siguientes nombres, ¿por quién votaría usted a la alcaldía…”. En ese momento confirmé cuál era el municipio de interés, también me hice la idea de cuál era el grado de confiabilidad de los resultados de esta encuesta.
Mencionaron con nombre propio algunos precandidatos a la alcaldía —faltaron nombres—, lo sé porque estoy informado y como ciudadano conozco la realidad local. Respondí que mi voto sería por uno de los que no incluyó en la pregunta —mentí—. Enseguida le cuestioné a mi interlocutora, por qué no preguntaban por todos los líderes que la opinión pública sabe que están en el partidor de la campaña local. Contestó de forma fría, “yo solo pregunto, según lo requiere la encuesta”.
Esa respuesta era la confirmación que el diseño del cuestionario estaba sesgado y buscaba incidir en el resultado. Quien la haya contratado o esté interesado en darle una conclusión a la opinión pública o algún colectivo donde se vayan a tomar decisiones, sabía que la información resultaba espuria, producto del llamado “factor confusor” que muy hábilmente aplicaron al redactar la pregunta.
Es decir, afectar los resultados de tal manera que las respuestas contengan información manipulada y que termine siendo utilizada para un interés particular. Borrar del mapa preelectoral algún proceso o precandidato, evidencia claramente parcialidad y en últimas la encuesta queda viciada para dar cuenta de un resultado confiable y creíble.
Muchas son las empresas haciendo encuestas y sondeos, especialmente en épocas de coyuntura electoral. Hay que exigir que se hagan los controles necesarios para evitar la desinformación o que se manipulen las decisiones, que al fin de cuentas influyen en la elección o no, de quienes compiten por ser representantes de las comunidades en cargos de voto popular. Un derecho del elector y también un deber de las encuestadoras que tienen obligaciones y deben mostrar no solo su profesionalismo, sino demostrar sus procedimientos éticos y el rigor científico con el que se desarrolló la recolección de información.
P. D.: Hay empresas serias y encuestadoras que seguro están haciendo muy bien su trabajo. Confiemos que sean ellas quienes se mantengan y permitan que las decisiones fortalezcan la democracia y atiendan al interés colectivo y no al particular.
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